No es la ultraderecha, son los agricultores

Conviene no perder de vista las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a cuenta de la revuelta de los agricultores porque resume en pocas palabras el imaginario cotidiano en el que se desenvuelve nuestro Gobierno. Sostiene la ministra que las protestas están impulsadas por la derecha y la ultraderecha, con mención expresa al Partido Popular, porque su intención última es derrocar a Pedro Sánchez. Y, como argumento de autoridad, aduce que no hay justificación alguna para atacar al Ejecutivo que más ha hecho por el campo y la agricultura en la historia reciente de España.

El corolario es conocido, por reiterado desde las portavocías gubernamentales: el Gobierno lo hace bien, luego si se le ataca es por razones espurias, emanadas de ese artefacto dialéctico que llaman la «fachoesfera» y nada más hay que explicar. Ciertamente, es un ejercicio de maniqueísmo, el «mejor gobierno de la democracia» acosado por «las malvadas derechas», pero que por su simplicidad funciona bien en los sectores que apoyan al Ejecutivo de coalición, ya sea para justificar la ley de amnistía, la liberación exprés de violadores, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la subida de los alquileres, los reveses de los jueces o, como es el caso, las protestas de los campesinos.

Por supuesto, no negamos que pueda haber agricultores ideológicamente muy alejados de los principios, cambiantes, por cierto, que iluminan a nuestros actuales gobernantes, pero haría bien la ministra Montero en reparar en el hecho determinante de que a todos los hombres y mujeres que están estos días con sus tractores en las carreteras de toda España les une un rasgo fundamental: viven del campo y para el campo. También podríamos exponer otro rasgo: su escaso peso poblacional, con menor influencia en los resultados electorales, les convierte en piezas desdeñables a la hora de legislar desde las sensibilidades de la gran masa de votantes urbanos.

Por carecer de voz, ni siquiera les han tenido en cuenta los dos grandes sindicatos de clase, UGT y CC.OO., a la hora de negociar los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las demandas de bonificaciones en las cotizaciones sociales. Ahora bien, sobre los agricultores, a quienes desde la izquierda se denosta con la expresión «propietarios», caen las restricciones de la «agenda verde», la carga burocrática del «cuaderno digital de explotación agrícola», la subida de precios de los combustibles y de la electricidad, las consecuencias de la apertura de los mercados a países terceros, la escasez de agua en un país que lleva lustros sin abordar una política hídrica digna de ese nombre y, por fin, la desidia de una Administración incapaz de hacer cumplir la ley de Cadena Alimentaria. Ya decimos, el mejor gobierno de la historia...