Valencia retorna al modelo de éxito del PP

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que nos honró con su presencia en la casa de LA RAZÓN, describió con la precisión del cirujano el problema de un Estado autonómico en el que el Gobierno central practica la desigualdad territorial por mero cálculo del interés personal del jefe del Ejecutivo. Y no hablaba solo de la financiación, que en la Comunidad que preside presenta déficits que es imposible negar, sino de todos aquellos ámbitos en los que es imprescindible la coordinación entre las distintas autonomías para abordar los grandes desafíos.

Se refería Mazón a la necesidad de que las decisiones se tomen entre todos, con rigor, objetividad y, sobre todo, sin la discrecionalidad que caracteriza la política autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez, muy condicionado por los apoyos parlamentarios de las formaciones nacionalistas. Así, el presidente de la Generalitat valenciana reclama la participación de los gobiernos regionales tanto en la planificación de las grandes infraestructuras, como en las políticas sectoriales –energía, agua y vivienda–, y, por supuesto, en los asuntos generales, como la Inmigración y la Seguridad. Y lo hace desde la conciencia de que el gobierno valenciano es Estado y, por lo tanto, sus intereses no se limitan a su territorio, sino a los del conjunto de España.

Desafortunadamente, y en Valencia conocen el problema de primera mano, puesto que el partido socialista local, presidido por un equipo con fuertes vinculaciones sanchistas, la estrategia de La Moncloa ha cursado en torno a la construcción de trincheras, ideológicas y territoriales, de espaldas a las demandas reales de los ciudadanos. Se pueden poner muchos ejemplos, pero baste con la negociación del modelo de financiación específico para Cataluña, siempre y cuando, claro, se garantice con ello la permanencia de Sánchez al frente del Ejecutivo, con lo que la conveniencia o no de la demanda, su justificación en la realidad económica y presupuestaria del Principado pasa a un segundo plano. Es decir, como con la ley de Amnistía, lo que cuenta son los votos que necesita Sánchez.

De ahí, que afrontar las políticas de recuperación económica, social y financiera de la Comunidad valenciana, después de ocho años de ineficacia social-nacionalista, tropieza con la dificultad añadida de que la gestión recae en un partido adversario a La Moncloa, que aplica las fórmulas de éxito que caracterizan al Partido Popular y que desnudan el intervencionismo estéril que practica el gobierno de coalición. Aún así, cuando se cumple un año desde la llegada de Mazón a la Generalitat, el programa popular está avanzando con medidas de alivio fiscal, reducción del gasto público superfluo, la simplificación administrativa y el apoyo a los sectores productivos, que son, con los ciudadanos, los que crean la riqueza y sostienen los servicios sociales.