Un veto imposible que dañaría a España

La extemporánea reacción del Gobierno a la decisión de la empresa Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos puede enmarcarse en una dinámica electoral frentista que abona el populismo anticapitalista más básico, como han podido comprobar empresarios de la talla de Juan Roig o Amancio Ortega. Ahora bien, mientras la cuestión se reduzca al ámbito de las declaraciones descalificadoras no son de temer consecuencias mayores para la imagen de España en el exterior. Al fin y al cabo, los círculos financieros internacionales dan por descontado este tipo de nacionalismo económico, más si, como es el caso, la deslocalización sorprende in albis a un Ejecutivo que está a las puertas de las urnas.

Dicho de otra forma, los exabruptos, reconvenciones e insultos que ha recibido la empresa constructora española y su presidente, Rafael del Pino, sólo retratan a quien los profiere y es, incluso, dudoso que tengan el efecto electoral buscado entre una opinión pública que está al cabo de la calle de las onerosas políticas fiscales impulsadas por el Gabinete de coalición. De ahí que sean extremadamente preocupantes las insinuaciones de dos vicepresidentas del Gobierno, Teresa Ribera y Nadia Calviño, de que se está buscando una fórmula legal que posibilite vetar el traslado de la multinacional, y de otras grandes empresas, en base a un Real Decreto, la famosa «ley antiopas», aprobado para dar respuesta a la emergencia económica que supuso la pandemia del coronavirus, cuyo objetivo era impedir que fondos e inversores extracomunitarios adquirieran a bajo precio las cotizadas españolas.

Esta norma, que será prorrogada hasta 2024, daba, ciertamente, mayores poderes reguladores al Gobierno, pero que en ningún caso puede contravenir los tratados de la Unión Europea que garantiza la libre circulación de capitales entre los estados miembros y que han sido suscritos por España. A nadie se le escapa que la simple formulación de tal posibilidad intervencionista no sólo supone un grave daño reputacional para nuestro país y contribuye a las crecientes dudas sobre la seguridad jurídica de empresarios e inversores, sino que puede llevar a un enfrentamiento con las autoridades de Bruselas de incalculables consecuencias.

Ya hemos señalado que entendemos el disgusto del Ejecutivo e, incluso, podemos admitir que difunda un relato de buenos y malos empresarios, no siempre basado en la realidad de los hechos, pero amenazar con vetos a las decisiones propias de quienes deben velar por la rentabilidad de las compañías y su eficiencia económica nos desliza por muy mal camino. Y no es cuestión de ponderar las razones que han llevado a Ferrovial a tomar su decisión, sino de señalar las vías para evitar contagios. Entre ellas, reducir una presión fiscal confiscatoria, reducir el déficit y la deuda pública, contener el derroche legislativo y racionalizar la burocracia.