La vigencia de un discurso esencial

El 3 de octubre de 2017, el Jefe del Estado, Su Majestad Don Felipe VI, se dirigió a una atribulada España en defensa de su unidad y de la legalidad democrática conculcada desde una institución, la Generalitat de Cataluña, obligada por definición a cumplir y a hacer cumplir las leyes del Reino.

Fue un discurso esencial en nuestra reciente historia democrática que demostraba, una vez más, el compromiso de la Monarquía parlamentaria con los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Fue, además, una denuncia clara, sin paliativos ni matices de unos cargos públicos y de unos funcionarios que, prevaliéndose de su privilegiada posición, habían atentado contra la Nación española. Y, por fin, fue una expresión de confianza en que las instituciones del Estado, mediante la aplicación de la ley, conseguirían restablecer el ordenamiento jurídico arteramente atacado.

Para la inmensa mayoría de la población, las palabras de Su Majestad contribuyeron a devolver la calma ciudadana en un momento de pasiones desatadas, pero, fundamentalmente, trasladaron a los catalanes del común dos ideas sólo en apariencia contradictorias: la defensa inequívoca por parte de las autoridades de sus derechos como ciudadanos y la complicidad del resto del país con su condición de españoles.

Don Felipe, pues, empeñaba desde su alta posición su palabra en un momento crítico para la Nación, del que toda la ciudadanía estaba siendo testigo directo, y marcaba las líneas básicas de actuación ante lo que describió, en sus exactos términos como un acto «reiterado, consciente y deliberado» por parte de la autoridades catalanas del incumplimiento de la Constitución y de su Estatuto de Autonomía, que «es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno». Y añadió : «Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado (...) Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla».

A nuestro juicio, no cabe otra interpretación de la intervención de Don Felipe en la crisis institucional y de orden público abierta en Cataluña en aquellas jornadas de octubre de hace seis años que la instancia a los organismos constitucionales, desde el Parlamento al Poder Judicial pasando por el Ejecutivo, para que actuaran en consecuencia. Y así se hizo, con los procedimientos judiciales abiertos y la aplicación del artículo 155. Pretender ahora que nada de aquello fue un delito contra el ordenamiento constitucional, consciente y deliberado, no es sólo fabricar un falso relato, sino poner en cuestión al propio Jefe del Estado y al mismo sistema democrático español.