Vigencia y fuerza de la Constitución

Las libertades y los derechos políticos de los que disfrutan los españoles se sujetan en el andamiaje de la Constitución de 1978, de la que ayer se conmemoraban sus 47 años de existencia, y su vigencia y fortaleza vienen dadas, precisamente, por la realidad de una convivencia en paz de los españoles, bajo un sistema democrático y un ordenamiento jurídico que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esa es la realidad constitucional de España, más allá de que distintas banderías traten de desvirtuar lo que fue y permanece como el gran pacto de reconciliación nacional, que ha dado a nuestra Nación uno de los periodos de libertad y progreso más fecundos de la historia reciente. Conviene no olvidarlo, especialmente, entre las nuevas generaciones, porque las alternativas que se abren ante una sociedad laminada por la división, la demagogia y el populismo, no digamos por la idea supremacista de unos pueblos «elegidos», siempre conducen en último término a la tiranía. Nada, pues, puede confortar más a los ciudadanos que la certeza de un orden constitucional que protege en sus derechos y libertades, incluso, a quienes desprecian la Carta Magna y se pretenden ajenos a su contenido y fundamentación. De ahí, que deje un poso de tristeza comprobar cómo, un año más, la solemne conmemoración de la ley de leyes, el texto que confirmó a los españoles en su voluntad de ser ciudadanos libres e iguales, se ve enrarecida por las pugnas partidistas de quienes se reconocen constitucionalistas y los desplantes de quienes pretenden, ahora por desistimiento, la ruptura de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, como reza el texto constitucional, y se atreven a proponer que se desnaturalice la función de los Ejércitos de España, como garantes de esa unidad. Ciertamente, la opinión pública española asiste al desarrollo de una legislatura políticamente anómala, con un Gobierno en minoría parlamentaria e incapaz de asumir su incompetencia a la hora de cumplir preceptos constitucionales, como la presentación de unos Presupuestos, y bajo la presión de unos socios de investidura nacionalistas que apenas representan a un 6 por ciento de los votantes, pero que se expresan y exigen como si estuvieran en posesión de la verdad revelada. Pero nada de ello es responsabilidad del ordenamiento constitucional del Estado, sino de la interpretación partidista del control de las instituciones por el actual Ejecutivo social comunista, asistido en su desvarío, suponemos que involuntariamente, por la formación de Santiago Abascal. Porque nunca el desprecio a la Constitución puede justificarse en partidos que actúan y se desenvuelven dentro del sistema democrático español. La Carta Magna no debe ser rehén de nadie ni, por supuesto, se trata de un documento sagrado e intocable. Los procedimientos para su reforma están claramente determinados y pueden ser impulsados desde cualquier posición política.