Último golpe a la educación concertada: el Gobierno transfiere fondos sólo para la escuela pública

La escuela concertada, en la que estudian uno de cada cuatro niños, teme desaparecer. Y ahora, durante el confinamiento, la situación se complica. El último «golpe» del Gobierno ha sido que en las transferencias directas que hará a las Comunidades por 16.000 millones, hay 2.000 millones para la educación para afrontar el Covid, pero sólo para la pública, lo que la deja en una situación de «desigualdad de recursos».

Su preocupación va más allá de este hecho puntual. Cree que autonomías en las que confluyen factores como la baja natalidad, que irá en aumento, como es el caso de las situadas en el norte de España, junto con gobiernos autonómicos de PSOE y Podemos, pueden llevar a estos centros a una situación de asfixia definitiva hasta llegar al punto en el que tengan que echar el cierre en unos poco años en Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cataluña o Castilla-La Mancha.

Y el «remate» sería la «Ley Celaá», que se ha tramitado en el Parlamento durante el estado de alarma. De hecho, en el confinamiento las protestas no se han acallado y la concertada se ha revuelto impulsando «quedadas digitales» contra la ley.

En Comunidades como La Rioja, asegura vivir una situación crítica y casi 2.000 coches han salido a la calle hace unos días para mostrar su rechazo hacia lo que consideran un ataque al modelo educativo. En esta Comunidad, en los nueve meses de gobierno Podemos-PSOE, se empezó por limitar el transporte público desde distintas localidades a niños que iban a colegios concertados, se ha eliminado el «cheque bachillerato» que subvencionaba parcialmente los estudios en estos centros y sólo en Logroño se han reducido 10 unidades de la concertada, lo que supone acabar con un 25% la oferta de Infantil en el plazo de tres años.

Menos aulas concertadas si la pública se vacía

Otras regulaciones autonómicas tampoco ayudan a la continuidad de la escuela concertada, como es el caso de Cataluña, donde está vigente un decreto ley para convertir colegios privados, concertados o municipales en públicos. La medida facilita el traspaso de titularidad del centro si el dueño del colegio lo pide y la Administración educativa necesita plazas para atender las demandas de escolarización. Al menos dos centros ya han cambiado de titularidad. A esto se suman otros dos decretos en elaboración: el de conciertos y el de admisión de alumnos, que han recibido ya el rechazo de las familias. Los dos «supondrían una alteración de la confección del mapa escolar, de la oferta y la demanda, una falta de respeto a la demanda social y una programación educativa sin tener en consideración las unidades autorizadas, además de un incremento de los requisitos para concertar que no están en la norma básica», asegura Miquel Mateo, de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña.

«La suma de todos los factores puede hacer que tengamos que reducir unidades en aquellos municipios en los que la escuela pública tiene plazas vacías», dice Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas. «La ley Celaá elimina el criterio de demanda social de los padres y prima la planificación de la Administración de tal manera que deja en manos de las consejerías de Educación qué centros continúan en funcionamiento».