“Ley Celaá”: PP, Cs y Vox piden al Congreso que frene la ley educativa más ideológica

La ley que pone límites a la enseñanza concertada, que degrada a la asignatura de Religión, que devuelve más competencias a las autonomías que tienen lengua propia, que pone «comisarios políticos» en los colegios, que permite obtener el título de Bachillerato con un suspenso, o que supone una amenaza para la educación especial, como han denunciado sus detractores, comienza hoy su tramitación parlamentaria.

El estado de alarma no ha paralizado el proceso para que en 2021 pueda estar lista la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (lomloe), la ley educativa más ideológica, la octava de la democracia, que se presenta en el Congreso con un fuerte rechazo de los partidos de la oposición y falta de consenso entre la comunidad educativa.

Tres grupos políticos: PP, Cs y Vox, han presentado enmiendas a la totalidad y piden la Gobierno la devolución del proyecto de ley. Si no prosperan, se votará la toma en consideración y comenzará su andadura parlamentaria con la incorporación de las enmiendas parciales de los grupos políticos con lo que, la nueva ley, podría estar lista a principios del próximo año.

Los populares defenderán hoy su rechazo a la «ley Celaá» porque consideran que es una reedición de la antigua LOE socialista, con la que se consiguieron tasas de abandono del 30% y «supone la ruptura del pacto constitucional en materia educativa», ha asegurado la portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo, Y lo dice porque considera que «ataca la libertad de enseñanza, recortando el derecho de los padres a elegir la educación y el centro que quieren para sus hijos y expulsa la exigencia, el mérito y el esfuerzo del sistema educativo». Pero, además, opina que «no incorpora ni un solo elemento modernizador del sistema y renuncia a las competencias del Estado en materia educativa».

Los naranjas creen que tramitar un proyecto de ley en plena pandemia «es una falta de responsabilidad y de empatía pero, además, es una norma falta de consenso, que no ha pasado por los trámites preceptivos en esta legislatura y no ha sido enriquecida ni debatida por la comunidad educativa que es a quien hay que escuchar», asegura a LA RAZÓN la portavoz de Educación de Cs en el Congreso, Marta Martín. Cree que ahora el Gobierno debería dar marcha atrás porque «la pandemia ha cambiado los parámetros y exige que nos volvemos a sentar para negociar las cuestiones estructurales y coyunturales de la educación».

Martín opina que ahora «es el PSOE el que tiene que demostrar que, de verdad, quiere consensuar y hacer una reforma con todos los agentes implicados porque esta ley no toca». Es por esto por lo que ha pedido que «congele su propuesta y vuelva a abrir una mesa de negociación y debate para hacer un pacto educativo después de la pandemia».

Los de Abascal también piden la devolución del proyecto de ley porque «no se ha escuchado a las asociaciones educativas, ni hay un diagnóstico adecuado sobre el fracaso escolar, más allá de rebajar contenidos y aprobar por decreto», dice el portavoz de Vox en Educación, Joaquín Robles. «Es una ley que prioriza lo ideológico sobre lo educativo, pretende vaciar las escuelas infantiles y los centros de educación especial y perpetúa la exclusión del español».

La escuela concertada tampoco quiere esta ley no sólo porque considera que sale especialmente perjudicada por sus «connotaciones ideológicas respecto a la libertad de enseñanza», sino también por cuestiones pedagógicas porque «rebaja la exigencia», dice Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas.

La educación especial ha expresado su especial rechazo al texto normativo y pide un pacto de Estado. Pero la ministra Celaá asegura que quiere cambiar la ley «no sólo por un tic ideológico totalitario, sino para dar respuesta a las necesidades de modernización del sistema».