“Ley Celaá”: Vox también recurrirá al Constitucional que se elimine el castellano como lengua vehicular

El Grupo Parlamentario Vox se sumará también a la iniciativa de PP y Cs de recurrir al Tribunal Constitucional la “Ley Celaá” que elimina que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, después de que PSOE, Podemos y ERC hayan pactado una enmienda transaccional que así lo dispone y que será aprobada hoy en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Fuentes de Vox aseguran que la enmienda atenta claramente contra el artículo 3.1 de la Constitución que establece que “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Es por esto por lo que aseguran que, “si en algún momento tenemos responsabilidades de Gobierno derogaremos la ley".

La polémica enmienda saldrá adelante esta tarde, previsiblemente, con los votos en contra de PP, CS, Vox y UPN y cambiaría la parte del proyecto de ley de la Lomloe que establece que : “El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”.

Vox también ha lamentado la “tramitación exprés” que está sufriendo la ley sin comparecencias parlamentarias y que en la Ponencia específica creada para la tramitación de la ley se estén aprobando cerca de 200 enmiendas por día “por el afán del Gobierno de aprobar su ley cuanto antes”.

Hoy se debatirá también sobre la asignatura de Religión. El proyecto de ley pretende eliminar los aspectos “más lesivos” de esta asignatura y esto supone relegarla en el currículo educativo en la medida que no servirá para hacer media ni contará para obtener una beca. Tampoco tendrá una asignatura alternativa (materia espejo) como ocurre hasta ahora, de tal manera que el niño que no escogía Religión tenía que estudiar la asignatura de Valores.

También se votará la parte de la ley que afecta a la Educación Especial y que ha despertado numerosas críticas y movilizaciones entre los padres. Éstos creen que la disposición adicional cuarta de la ley “conllevará el cierre de educación especial” para integrar progresivamente a estos niños en centros ordinarios. Creen que la votación de esta norma “supondrá una sentencia de muerte" para este modelo educativo.