Los sindicatos temen que no se resuelva la precariedad salarial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su temor a que la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) “no incluya medidas contra la precariedad de las plantillas, a pesar de que más de la mitad de las universidades españolas superan el 40 % de temporalidad en el empleo”.

CSIF manifiesta su preocupación sobre los contenidos de la futura ley, que ha pasado el primer filtro del Consejo de Ministros, “debido a la cambiante política del ministro de Universidades, Manuel Castells”. “Hasta ahora, proyectos impulsados por su departamento, como el Estatuto del Personal Docente e Investigador quedaron en agua de borrajas tras el rechazo generalizado de los actores implicados”, ha denunciado la organización. «Seguimos sin negociación y sin información sobre el anteproyecto de esta norma, que el Gobierno pretende aprobar definitivamente a finales de noviembre», han argumentado en un comunicado, en el que se hizo eco de la convocatoria del ministro de reunirse con los sindicatos el próximo 15 de septiembre para hablar sobre la futura ley.

CSIF recordó algunos contenidos que tendrá la norma, de los que dijo haberse enterado “a través de los medios de comunicación”, como la desaparición de la figura de Contratado Doctor, cambios en la expedición de títulos, pérdida de autonomía, financiación desigual, entre otros.

Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha criticado que la reforma universitaria o “Ley Castells” supone un “grave retroceso” en los derechos de los estudiantes y en la democracia interna de las universidades. Los representantes de los estudiantes consideran que la LOSU contempla un modelo de designación de los rectores que supone “un atraso”, al considerar que su voto se verá perjudicado.

“El sistema electoral actual, con un voto prorrateado por grupos universitarios (profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios), pasará a estar limitado en función del porcentaje de participación, lo que supondrá una devaluación del voto de los estudiantes”, subraya la CREUP en un comunicado. Por ello, piden que, para alcanzar “una verdadera democracia efectiva” en las universidades, para la que hay que conseguir un método electoral en el que “cada persona represente un voto”.

Además, la CREUP rechaza la participación de órganos externos en la elección de rector, así como también la ampliación del mandato hasta los seis años. Una vez aprobado el anteproyecto de ley, los representantes de estudiantes quieren reunirse con los dirigentes ministeriales y los agentes sociales para “presionar” y lograr una universidad que “respete los derechos de los estudiantes”.