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El Congreso avala la ley de FP con la oposición del PP

La norma, que obliga a todos los estudiantes a formarse en empresa, ha incorporado un tercio de las aportaciones presentadas por los grupos políticos

La ministra de Educación, Pilar Alegría
La ministra de Educación, Pilar AlegríaJavier LizónEFE

El Congreso de los Diputados ha avalado el proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la FP con el único voto en contra del PP, pese a que previamente se suponía que se iba a abstener, lo que ha convertido en una sorpresa su votación final. La nueva ley obliga a todos los estudiantes a que se formen en las empresas, crea vías para que cada trabajador pueda actualizar sus conocimientos y establece nuevas vías de colaboración con las universidades. A su paso por el Congreso, casi la mitad de las enmiendas por los grupos políticos han sido incorporadas o transaccinadas, según dijo la ministra de Educación, Pilar Alegría. El portavoz socialista en la Cámara Baja, Alfredo Sancho, celebró que la norma, que ha gozado de un amplio consenso durante su tramitación, permita dar “un salto de gigante y supone una apuesta estratégica de país porque moderniza y consolida la FP como enseñanzas de éxito y se pone la FP al servicio de las personas en cualquier momento de su vida”.

En la misma línea, Javier Sánchez Serna (Unidas Podemos) definió la norma como “una ley digna para el cuerpo docente y acorde acorde con el cambio de modelo productivo y que establece un sistema único e integrado de la FP”. Sin embargo, Beatriz Jiménez (PP) criticó que solo se aceptaran 4 de 83 enmiendas del PP y la mitad de las aportaciones se han transaccionado con los nacionalistas. “Que solo nos impongan su ideología, solo perjudica a las bases de la escuela pública”. Criticó la Lomloe e invitó al Gobierno a hacer un análisis reflexivo de cómo han asimilado las propuestas del PP”.

Georgina Trias (Vox) no ocultó su malestar con los “tintes ideológicos de la ley”. “Debemos ofrecer ofertas formativas a hombres y mujeres y que sean ellos sin estar condicionados decidan y lenguaje inclusivo inútil y farragoso”, subrayó. Y puso el acento en la necesidad de tener “un modelo más ambicioso y menos rígido”.

Montserrat Bassa (GR) lamentó que esta ley “no garantiza los recursos económicos” y defendió el modelo catalán que adapta los currículos, aunque, a su juicio, esta ordena”ordena más que integra”.

Inés Sabanés (Gplu) defendió la norma que “el país necesita de forma urgente” porque “se va a necesitar mucha cualificación para adaptarnos al sistema productivo. Es una piedra angular para la transformación que necesitamos”, pero cree que queda un flanco abierto, el de la salud mental. Por eso mantuvo una enmienda viva: que haya un orientador o psicólogo en cada uno de los centros de FP.

Sara Jiménez, de Cs, definió la ley como “un hito en materia de políticas pública”, además de ser la primera norma educativa que se aprueba sin ningún voto en contra. En su opinión, “va a ayudar a abordar el desempleo y pone la base para dignificar estos estudios”, pero también hizo hincapié en la necesidad de realizar un esfuerzo económico por parte de las Administraciones para garantizar las plazas a los alumnos. Según Jiménez, la norma “da un salto de calidad importante porque por primera vez se hará un estudio cada cuatro años sobre el estado de la FP, su adecuación a la demanda y el porcentaje de empleabilidad”.

Isabel Pozueta Fernández (GEH Bildu) también apoyó la ley después de que fueran incluidas en la ley algunas aportaciones relacionadas con la orientación pedagógica y porque ya “la música del anteproyecto de ley” sonaba bien, pero pidió que “no intercepte el camino que se ha hecho en el País Vasco”.

Josune Gorospe, (GV EAJ-PNV) Subrayó que la clave del éxito de la ley dependerá de las alianzas y la política colaborativa. “Si no tenemos a todo el tejido con un ambiente colaborativo va a ser difícil que avancemos” y puso de relieve que la ley avanza en nuevos métodos de aprendizaje y obliga a los centros de FP a transformarse.

El portavoz del Grupo Mixto, Tomás Guitarte de Jimeno, (Grupo Mixto) defendió que los avances que proporciona la norma “son sustanciales”, además de “una herramienta potente para combatir con los desequilibrios territoriales y la despoblación”, aunque se mostró partidario de la creación de un itinerario formativo específico para los alumnos de diversificación curricular para que aprovechamiento educativo de todos los alumnos.