La FP: la oportunidad de conseguir un empleo y potenciar la economía

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Ante los cambios permanentes y los desafíos que ofrece la cuarta revolución industrial, como el cambio climático, las desigualdades o el envejecimiento de la población, tenemos ante nosotros uno de los retos más complejos y transformadores en las áreas social, económica, productiva y para el empleo: construir un nuevo modelo de crecimiento basado en el conocimiento.

La empleabilidad de las personas, y la productividad y competitividad de cada empresa dependerá de la cualificación. A ella queda supeditada nuestra posición como país en el escenario económico y la capacidad de aprovechar las oportunidades de la nueva economía.

Las próximas dos décadas prometen una revolución a gran escala en las vidas laborales. La formación inicial ya no es garantía de empleo, este reclama una actualización y formación permanente para un ejercicio profesional acorde con las demandas actuales. Todos los estudios insisten en la importancia de invertir en formación profesional para intensificar la creación de valor, asegurar la calidad del empleo, y, con ello, mejorar el crecimiento potencial de la economía.

Las previsiones para España identifican que, al menos, el 50% de los puestos de trabajo requerirán cualificación intermedia, y la actual estructura formativa española dispone de la mitad de este porcentaje. Al mismo tiempo, las empresas no encuentran personas con las competencias profesionales necesarias. Este desajuste limita la capacidad para sacar el máximo provecho de la innovación. Por otro lado, la demanda de empleo de jóvenes con titulaciones de formación profesional supera a otras y la convierte en la vía de éxito ante el desempleo. Solo 12 de cada 100 jóvenes sin trabajo disponen de un título de Formación Profesional; los 88 jóvenes desempleados restantes, bien no tienen ninguna titulación, bien tienen otras.

España está inmersa en la mayor estrategia para la modernización de la formación profesional que se conoce en nuestro país; conectada, a nivel legislativo, con el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. El nuevo sistema sitúa a la persona en el centro y ofrece la máxima facilidad para acceder y componer, de manera modular, la formación que cada cual necesita, desde las «microformaciones» a los títulos y másteres profesionales, siempre en constante actualización. Es tan flexible, que permite a cualquiera cualificarse y recualificarse al ritmo de sus necesidades, de modo que formarse deje de ser un obstáculo para pasar a ser percibido como algo connatural al itinerario profesional.

La imprescindible relación con la empresa durante la formación se concreta en la corresponsabilidad y la colaboración del centro con esta, como pilar para una formación de excelencia. Toda la formación pasa a tener carácter dual: ningún estudiante obtendrá una titulación de formación profesional sin pasar por la empresa, en dos intensidades, general e intensiva.

Un sistema moderno ha de atender a aquellos que se han formado por otras vías. Es el caso de casi la mitad de la población activa española, que ha adquirido sus competencias profesionales a base de ejercer su profesión, pero no puede acreditarlas. Una anomalía de nuestro sistema que fragiliza a estas personas y al «mapa de talento» de sus empresas. Se establece la acreditación de las competencias profesionales acumuladas a lo largo de la experiencia laboral, de modo que cada persona tendrá acceso digital a su Informe Formativo-Profesional que reconozca sus competencias profesionales, cualquiera que sea su forma de adquisición.

La complejidad de esta nueva realidad laboral exige un sistema de orientación profesional abierto, al servicio de la ciudadanía, que facilite información y acompañamiento en la toma de decisiones sobre el itinerario formativo. Un sistema destinado a jóvenes y a trabajadores que han de actualizarse.

Toda esta modernización del sistema de formación profesional requiere construir puentes con interlocutores sociales, empresa y sindicatos, organizaciones no gubernamentales, administraciones educativas y laborales, centros, profesorado, y tercer sector. La colaboración público-privada es uno de los principios básicos de las políticas públicas en esta materia y por ello, el Ministerio de Educación y Formación Profesional impulsó en 2021 la Alianza por la Formación Profesional, una estrategia de país para aunar esfuerzos y tejer redes con todos los actores de la transformación del sistema.

Tenemos un horizonte claro: formar a los profesionales con la mejor oferta formativa, disponer de los perfiles que necesita el mercado laboral del siglo XXI, garantizar el acceso a empleos de calidad, en definitiva, mejorar el bienestar económico y social. Para ello, la formación profesional ha de consolidarse como una herramienta de oportunidades asociada al talento, a la innovación, al emprendimiento, a la empleabilidad, y a la mejora de la competitividad de las empresas, donde el reskilling y el upskilling formen parte de las agendas de los países.

Nos encontramos ante una apuesta estratégica que determinará el futuro de varias generaciones y el éxito económico del país, y que requiere una flexibilidad en la administración que agilice y haga posible la adaptación de las actuaciones a las necesidades de formación permanente, sin las rémoras de tiempos y obstáculos de tramitación decimonónicos. Perder o no perder el tren para que España esté en el grupo de países que tienen algo que decir en la economía, solo depende de la formación.