El paro académico será un derecho recogido por ley

Los estudiantes están de celebración después de haberse reunido con el Ministro de Universidades, Joan Subirats, al que han conseguido arrancarle que la nueva reforma universitaria, que presentará en breve, incluya el reconocimiento del derecho a la huelga. Y eso significa que podrán librarse de hacer un examen o que su falta de asistencia no cuente cuando se convoque un paro académico. Esta es una circunstancia que solo está regulada en algunas universidades, pero que será extensible a todas de acuerdo con el nuevo proyecto de LOSU, lo que obliga a las universidades a habilitar medidas que prevean situaciones como estas.

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), se congratulaban de que esta medida hubiera sido tenida en cuenta al tratarse de «una reivindicación histórica de la representación estudiantil que blinda el derecho de protesta e imposibilita que el estudiantado sufra ninguna consecuencia académica por esta causas», señalaban a través de un comunicado.

El ministro de Universidades celebra durante estos días reuniones con todos los actores implicados en la reforma universitaria. La semana que viene está previsto que sea con los rectores, con los que espera ultimar ya un texto que pueda llevarse al Consejo de Ministros para que pueda iniciar una tramitación parlamentaria, después de que el ex ministro Manuel Castells no concitara consensos con la reforma que propuso.

El borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que se conocerá a mediados de mayo, también recuperará el modelo 3+2. La idea del nuevo ministro es flexibilizar la duración de los grados para que puedan coexistir las carreras de tres años (180 créditos, el 3+2) con las de cuatro años (240 créditos, el 4+1) como ocurre en algunos países europeos, un modelo que algunos consideran que puede favorecer la internacionalización, a la vez que encarecer los estudios universitarios y favorecer a las universidades privadas.

Precisamente, la propuesta de Subirats se alinea con la idea que tienen las universidades catalanas, que son las que han defendido el modelo 3+2. Lo llamativo del caso es que el ex ministro Castells fue el que puso fin a los grados de tres años y estableció que todos tenían que durar cuatro años, salvo los títulos conjuntos internacionales del Programa de Universidades Europeas.

Subirats también quiere blindar en la LOSU una inversión del 1% del PIB para las universidades.