Ley de Universidades

El Senado introduce requisitos temporales para ser rector

Tendrán que estar en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria hasta que cada universidad cambie sus estatutos

El ministro de Universidades, Joan Subirats, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado
El ministro de Universidades, Joan SubiratsJesús HellínEuropa Press

La Ley de Universidades (LOSU) sigue incorporando modificaciones. Necesitará la ratificación última del Congreso el próximo mes de marzo después de que hoy haya salido aprobada del Senado con algunas modificaciones, una de las cuales afecta a la elección del rector. Ya fue polémico que ser catedrático dejara de ser requisito necesario para optar al puesto y que pudiera incluso optar el personal laboral. Ayer, se aprobó una enmienda del PSOE que establece que, hasta que las universidades cambien sus estatutos para que esto pueda ocurrir (para lo que disponen de dos años) al candidato a rector se le exija, como mínimo, estar en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.

El Senado también aprobó otra enmienda que abre la posibilidad de realizar concursos de plazas de personal docente e investigador de forma temporal y excluye a los profesores colaboradores de la necesidad de realizar estancias de movilidad para acreditarse.

Además, fue aprobada otra enmienda de ERC que rebaja de un año a seis meses, desde la entrada en vigor de la ley el tiempo en el que el Gobierno tiene que presentar un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario. Asimismo se ha incorporado que en la Estrategia de Internacionalización del Sistema Universitario se promueva la relación con la «Euroregión Pirineos Mediterráneo».

Unos de los portavoces más críticos con la nueva normativa aprobada ayer fue el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Francisco Javier Fragoso, que considera que «es un mala norma que no afronta los problemas de los ciudadanos. Es una ley independentista que destroza el sistema y no vela por la calidad de la educación», lamentó.