El Govern regulará en septiembre los alquileres a turistas en domicilios

Economía asegura que no dará favores a las empresas que se trasladaron por el «procés»

El Govern prevé aprobar en septiembre el decreto del reglamento de turismo de Cataluña, que regulará cuestiones como el alquiler temporal de habitaciones a turistas en domicilios particulares, el llamado «home sharing» o vivienda compartida. La consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, explicó las intenciones de su departamento en su primera comparecencia en el Parlamento. La consellera, además, señaló que intentará «convencer» a las empresas catalanas que trasladaron sus sedes sociales fuera para que «vuelvan», pero no prometerá «ningún favor» ni «bonificaciones fiscales» para ello, porque equivaldría a «premiarlas».

El decreto sobre el alquiler, en cualquier caso, ha pasado dos veces el período de información pública y define las viviendas compartidas como aquel tipo «de alojamiento turístico que es la vivienda principal y la residencia efectiva del titular, y que se comparte como servicio de alojamiento con terceras personas a cambio de una contraprestación económica, y para una estancia de temporada». La Generalitat deja claro en este reglamento que el titular del piso debe residir con la persona a la que se ha alquilado la habitación mientras dura su estancia, y define «estancia de temporada» como aquella igual o inferior a 31 días.

El anfitrión deberá acreditar que su piso dispone de cédula de habitabilidad y la oferta máxima de plazas que anuncia, aunque la Generalitat deja la habilitación de estos pisos para este uso en manos de los ayuntamientos.En todo caso, este alquiler temporal de habitaciones se diferenciará claramente de los pisos de uso turístico, aunque tendrán que estar inscritos en el registro de turismo de Cataluña. También en el ámbito del turismo, Chacón ha revelado que el Govern ultima la aprobación del nuevo plan estratégico de turismo de Cataluña hasta el año 2022.

A propósito de las empresas que dejaron Cataluña, Chacón avanzó que el Govern ultima un informe, que podría estar listo «a finales de este mes o a principios de septiembre», para tener «datos realistas» sobre cuántas empresas han trasladado su domicilio social, de qué sectores y si este proceso ha tenido incidencia sobre los centros productivos que tenían en Cataluña.

Al igual que hizo el mes pasado el presidente catalán, Quim Torra, la consellera pidió que se derogue el decreto del Gobierno que permitió a las empresas aprobar el traslado de su sede social a otras partes de España sin tener que someterlo a aprobación de las respectivas Juntas Generales de Accionistas. Chacón señaló que, tras estos traslados de sedes sociales, que se desencadenaron el pasado octubre, en plena crisis política en Cataluña, «hay criterios políticos» y que el propio decreto del Gobierno que facilitó estos cambios de sede social también tuvo una «clarísima intencionalidad política». «Nos reuniremos con todas las empresas, pero no les daremos ningún tipo de bonificación fiscal. ¿Por qué tenemos que premiar a unas empresas que han trasladado sus sedes?», se preguntó la consellera, quien apostilló: «Intentaremos convencerlas de que vuelvan a establecerse aquí, pero no habrá ningún tipo de favor».

La decisión de varios miles de empresas catalanas de trasladar su domicilio social a otras comunidades, centró una parte de la atención de la comparecencia de la consellera. Diversos grupos de la oposición, como Ciudadanos o el PSC, reprocharon a la consellera que minimizara los efectos de esta fuga de sedes sociales, y ésta respondió que «a pesar de las siete plagas de Egipto» que se anunciaban, el PIB catalán y la inversión industrial total en Cataluña siguen creciendo.