La Xunta recurre ante el TC la ley de vivienda al considerar que vulnera competencias de Galicia

El Gobierno gallego ha autorizado hoy, en la reunión del tradicional Consello de la Xunta de los jueves, la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de vivienda estatal.

La decisión se produce después de que la propia administración autonómica alertase en varias ocasiones sobre la posibilidad de recurrir a la justicia si no se llegaba a un acuerdo con el Ejecutivo central sobre varios preceptos que consideraba inconstitucionales al invadir las competencias autonómicas.

Este extremo ha sido ratificado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, que afirma que tras haber “analizado la ley” consideran que sí que se produce esta injerencia. La Xunta presenta este recurso, apunta, tras "fracasar" la vía de diálogo y cerrarse sin resultados la Comisión bilateral solicitada por el Gobierno gallego en julio del año pasado.

Uno de los asuntos en los que la Administración gallega viene haciendo más hincapié en relación a este tema es en el tratamiento que la ley confiere a la ocupación de viviendas. La norma introduce medidas a través de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dificultan el desalojo ágil y con garantías de los inmuebles ocupados, incrementando el nivel de protección de los okupas.

El amparo de la ocupación, argumenta la Xunta, puede suponer un acceso preferente a la vivienda en determinadas circunstancias, invadiendo competencias autonómicas ya que la adjudicación de viviendas protegidas corresponde al Gobierno gallego.

Sobre esta base, el Gobierno gallego defiende la ley “no respeta las atribuciones exclusivas en materia de vivienda que le reconocen a la Comunidad gallega tanto la Constitución como su Estatuto de Autonomía”.

La Xunta mantiene discrepancias sobre 17 artículos y disposiciones, entre las que se incluyen las mencionadas sobre la ocupación.

El recurso se formalizará “de inmediato” y se sumará a los ya presentados por Madrid, Andalucía, Baleares y Cataluña, admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional a finales del mes de septiembre.