Política

Barcelona

1-O: la Generalitat usó datos del padrón de 56.196 personas

Quince días antes de la consulta ilegal se llevó a cabo el sorteo para asignar los miembros de las mesas.

El 20-S sirvió de «calentamiento» para los incidentes violentos que se registrarían durante la jornada electoral del 1-O. Miles de personas se concentraron ante la Consejería de Economía y obligaron a la Comisión Judicial que practicaba el registro a salir escoltada por la azotea de madrugada.
El 20-S sirvió de «calentamiento» para los incidentes violentos que se registrarían durante la jornada electoral del 1-O. Miles de personas se concentraron ante la Consejería de Economía y obligaron a la Comisión Judicial que practicaba el registro a salir escoltada por la azotea de madrugada.larazon

Quince días antes de la consulta ilegal se llevó a cabo el sorteo para asignar los miembros de las mesas.

La Generalitat utilizó para la celebración del referéndum ilegal del 1-O datos personales con información privada de 56.196 personas, sin su consentimiento, obtenidos del Registro de Población de Cataluña. Así consta en un informe de la Guardia Civil del pasado 14 de junio incorporado al sumario en el que se investiga la consulta soberanista por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El referido documento policial se nutre fundamentalmente de los registros practicados el 20 de septiembre de 2017, de los que hoy se cumple un año, en diversas consejerías de la Generalitat y que concluyeron con incidentes violentos a las puertas de la sede de Economía, de la que era titular el entonces vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, actualmente en prisión.

Los agentes hallaron esos datos en un ordenador portátil incautado el 20 de septiembre del pasado año durante el registro del despacho de David Palanques, perteneciente al Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales. En uno de los archivos investigados, la Guardia Civil se topa con la información privada de todas esas personas. La última fecha de modificación del documento indica a los agentes –y así se lo comunican al instructor– que el sorteo para designar a los integrantes de las mesas electorales «se pudo realizar el 15 de septiembre de 2017 poco antes de la celebración del referéndum».

El uso por parte de la Generalitat de todos esos datos de carácter personal, subrayan la Guardia Civil, «se habría realizado sin la autorización de estas personas, ya que se habrían extraído del Registro de Población de Cataluña». El hallazgo, añade, vincula supuestamente a Palanques «con la organización del referéndum», para el que el Ejecutivo autonómico no tuvo reparos en recurrir al «tratamiento y gestión de miles de datos privados de ciudadanos de Cataluña». Para la unidad de Policía Judicial su función fue «clave en la organización de los puntos de votación», y también «para que el personal necesario en las mesas de votación estuviera distribuido e informado de sus funciones».

Y es que ese registro, recuerda el Instituto Armado en su informe, tiene la función de «mantener, explotar y custodiar un registro administrativo donde están los datos actualizados de carácter obligatorio de los vecinos inscritos en los padrones municipales de habitantes de todos los ayuntamientos de Cataluña».

Otros correos, estos del que fuera número dos de la Conselleria de Economía, Josep Maria Jové (uno de los principales investigados en esta causa), también resultaron claves para determinar cómo se consiguieron esos datos personales para configurar las mesas electorales el 1-O. Intervenidos igualmente el 20-S del pasado año por la Guardia Civil, dan cuenta de cómo el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) fue el que supuestamente facilitó al jefe del Gabinete Técnico, Daniel Gimeno, «en virtud de las competencias del Departamento de Vicepresidencia y Economía en relación al registro de participación en consultas populares no referendarias». la misma dinámica se siguió para obtener una copia del Registro de catalanes residentes en el exterior, pero en este caso esa información se facilitó a través de un «pendrive encriptado».

Todos esos datos llegaron finalmente a manos de Palanques, que según la Guardia Civil fue «la persona que trataría la información contenida en estos».

En diferentes archivos incautados figuran datos personales de cientos de personas que incluyen no solo nombres y apellidos, DNI y fecha de nacimiento, sino también el teléfono móvil, la dirección de correo electrónico, si dispone de transporte propio, el tipo de miembro electoral propuesto (coordinador comarcal, municipal o representante de la Administración), la comarca, el municipio y el colegio asignado. La hoja de cálculo que hay dentro de cada uno de estos archivos se denomina «Membres Electorals».

En otra carpeta, «Credenciales», se encontraban «los archivos buenos y con los datos correctos que van a ser usados».