18 meses en el laberinto de la secesión

El plan para la proclamación de la independencia de Cataluña prevé «actos de soberanía» e ignorar las impugnaciones al proceso. Sólo se requiere al Gobierno para repartir el pastel

Convergència, ERC y las entidades soberanistas (ANC, Òmnium y AMI) rubricaron el pasado lunes la denominada «Hoja de ruta unitaria del proceso soberanista». Difícilmente cabría en un documento de la misma extensión (apenas página y media) un número mayor de enredos, laberintos y gatuperios. Los firmantes se proponen culminar la «transición nacional para la proclamación de un nuevo Estado» en un plazo de 18 meses. Un viaje vertiginoso que comenzaría, según su esquema de navegación, el 27 de septiembre con una mayoría independentista en las urnas catalanas.

Elecciones plebiscitarias y programa electoral

Aunque a todos los efectos jurídicos la cita del 27-S sólo se puede considerar como unas elecciones al Parlamento de Cataluña, los partidos y las entidades independentistas han solemnizado el «carácter plebiscitario» de la jornada en su documento. «De esta manera el resultado será de lectura fácil e inequívoca para todo el mundo, dentro y fuera de Cataluña, y permitirá el ejercicio del mandato correspondiente», argumentan. Para que sea incuestionable, aseguran, bastará con que los programas de las candidaturas soberanistas incluyan como primer punto de su programa un pronunciamiento favorable a la independencia. El compromiso de las partes para hacer más atractiva la oferta secesionista también es expresar su apuesta por la regeneración democrática, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Aceleración soberanista y desobediencia

Con el presunto resultado favorable a la independencia, el proceso secesionista se iniciaría sin atender a limitaciones judiciales derivadas de recursos. «El proceso de transición democrática no quedaría en ningún caso supeditado a la vigencia jurídica o a eventuales impugnaciones de esta declaración», dice el documento, dando a entender que no habrá tribunal que pueda frenar la aceleración soberanista.

La Constitución catalana

Ajenos a toda instancia judicial, por tanto, los soberanistas se pondrán manos a la obra para redactar un proyecto de texto constitucional. Se dan 10 meses para hacerlo y se comprometen a que este proceso sea abierto para vehicular la participación ciudadana medianta lo que llaman una Convención Constitucional Catalana. La aprobación de este texto, en todo caso, quedará supeditada a un referéndum posterior.

Estructuras de Estado

La elaboración de este proyecto se hará en paralelo a la creación y puesta en marcha de las estructuras de Estado necesarias para la independencia, según esta hoja de ruta. Se sucederán, en consecuencia, la hacienda propia, la seguridad social, la acción exterior, la transición de infraestructuras energéticas, los servicios sociales y la seguridad.

De forma algo enigmática, el bloque independentista también prevé realizar «ejercicios de soberanía», pero no aclara a qué se refiere. En todo caso, el proceso parece planificado para avanzar por estrictos cauces unilaterales. Pero hay una puerta abierta para que en el proceso intervenga el Gobierno. Este punto sólo puede entenderse como un anzuelo para atraer a otros partidos (Unió, ICV) que siempre han recelado del autismo soberanista.

Negociación con España

Sólo en la última parte de la hoja de ruta soberanista se menciona al Gobierno. Se prevé su concurso para negociar el reparto de activos y pasivos entre ambas partes y se recoge una posibilidad que sólo se puede calificar de remota a la vista de lo que ha ocurrido los últimos dos años: «Mantener una actitud expectante respecto a la alternativa de un referéndum vinculante por parte del Estado español sobre la independencia de Cataluña», dice el último de los enunciados correspondiente al apartado de Relaciones Institucionales.

Cataluña en el mundo

Conscientes de que el requisito imprescindible para la existencia de un Estado es su reconocimiento internacional, los firmantes del plan independentista se proponen abrir negociaciones con instancias internacionales. No aclaran si su idea es interlocutar con la Unión Europea, con las Naciones Unidas o con los Estados Unidos, pero prevén contactos diplomáticos.

Culminación: marzo 2017

Con todos estos ingredientes, los soberanistas creen que todo estará a punto para que los catalanes ratifiquen el proceso mediante la celebración de un referéndum vinculante del texto constitucional que debería convocarse en marzo de 2017. «El resultado positivo de este referéndum permitirá la proclamación de la independencia», apuntan.

Llegados a esta meta, los soberanistas tienen previsto convocar otras elecciones –serían las cuartas en siete años– que servirían para elegir un nuevo Parlament. A partir de este momento, y como colofón, procedería «negociar las nuevas formas de relación con el Estado español y la Unión Europea».

Elecciones generales

En todo este esquema no figura en ningún momento cuál va a ser la estrategia de los partidos soberanistas de cara a las próximas elecciones generales. La Asamblea Nacional Catalana llegó a plantear el boicot a estos comicios, evitando presentar candidaturas, una posibibilidad que no ha alimentado Convergència i Unió pero que ERC no ha querido descartar. Oriol Junqueras dijo recientemente que aspira a observar las elecciones generales con interés pero con distancia. Podría ser otro paso de su laberíntico camino hacia la proclamación de la independencia.