Éxodo de jueces por el “procés”: más de 100 han huido de Cataluña

En los últimos tres años más de 100 jueces se han visto obligados a abandonar Cataluña por la presión que sufren tras el incio de todo lo relacionado con el “procés”. El origen de esa situación comienza en 2015 cuando tras la celebración de la consulta ilegal del 9-N se abre un procedimiento judicial contra el entonces presidente catalán, Artur Mas, iniciándose en ese momento, según la Asociación Profesional de la Magistratura de Cataluña, una «campaña de desprestigio de los jueces».

Un año más tarde, en 2016, tras la querella por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional contra la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hace que esa presión aumente. Así, se llega a 2017, cuando el Govern,que presidía el prófugo Carles Puigdemont, y el Parlament, aprobaban la Ley de Transitoriedad Jurídica fundacional de la «República catalana», donde se buscaba la designación de jueces directamente por el Ejecutivo catalán.

El 20 de septiembre se produjo uno de los grandes ataques a la independencia judicial: el «asalto» a la Consejería de Economía cuando se practicaba un registro por orden judicial, lo que motivó que la Letrada de la Administración de Justicia se vio obligada a abandonar el edificio de madrugada por la azotea y salir por un teatro contiguo.

La campaña de desprestigio y acoso contra el colectivo judicial subió de nivel a media que se iniciaban los procedimientos judiciales contra líderes independentistas catalanes, que acabó con sus principales responsables ante el Tribunal Supremo. Esa situación obligó a que se adoptasen medidas de protección y seguridad de las sedes judiciales catalanes.

Y, junto a ello, según denuncia la APM de Cataluña, la Generalitat incurrió en una clara dejación de sus funciones, «al no invertir en edificio o no poniendo en marcha nuevos juzgados».

Otra fecha más que relevante en toda esta campaña es el 14 de octubre, cuando el Tribunal Supremo condenaba por sedición a nueve de los principales dirigentes independentistas, entre ellos quien había sido vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Desde ese momento “se ha recrudecido la campaña de acoso al Poder judicial».

Esta situación es la que ha motivado un notable aumento de jueces y magistrados que han pedido su traslado a otras comunidades autónomas. En muchos casos, esos jueces llevaban destinados en Cataluña “prácticamente toda la vida”.

Los datos de la evolución no dejan lugar a dudas: en 2017 dejaron Cataluña 21 jueces; en 2108, 48; y en los diez primeros meses de este año ya son 32 los que han preferido ejercer su profesión en otros destinos.

Ante esta situación, la APM de Cataluña reclama al Estado "más medidas para proteger a los jueces y evitar la desertización del Poder Judicial”, ya que éste es una de las piedras angulares del Estado de Derecho y, por tanto, de la democracia misma.