“Si fracasa la investidura es su muerte política”

Pedro Sánchez es el único presidente que no ha sido investido después de unas elecciones. Y esto pesa tanto que empieza a hacer que parezca que para el líder socialista es asumible cruzar las líneas rojas que no traspasó para aprobar los Presupuestos del pasado mes de enero. Hace tan sólo diez meses ya fracasó la vía que ahora marca el camino de la negociación entre Moncloa y ERC, y de la que depende que Sánchez aguante en Palacio o afronte su muerte política porque para el candidato socialista no puede haber una tercera oportunidad. Y él lo sabe. Podría haber hasta unas terceras elecciones, opción inverosímil hoy en día, pero en ningún caso Sánchez podría cargar de nuevo antes las urnas con el lastre de haber fracasado otra vez en conseguir el apoyo del Parlamento siendo el líder de la fuerza más votada en las urnas.

El Gobierno en funciones ha vuelto a la pantalla de que “las posibilidades del diálogo son inmensas”. Y ERC apunta a Pedralbes, a la mesa de partidos y a aquella vía fracasada a principios de año porque lo que acabó entonces reconociendo el mismo Ejecutivo que sigue presidiendo Sánchez fue que lo que planteaba el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no era un diálogo leal ni dentro de los marcos constitucionales. Admitieron que lo que pretendía el independentismo era una transacción bilateral como si de dos Estados se tratara. Es verdad que entonces hubo bochornosos intentos de la vicepresidenta Calvo por justificar lo injustificable antes de dar marcha atrás y aceptar que lo que planteaban los secesionistas, lo mismo que ahora, era inasumible.

Los independentistas han dejado claro que no aceptan que el diálogo tenga que ajustarse al marco de convivencia que recoge la Constitución, pero la pelota sigue rodando con el objetivo, y en esa dirección están avanzando, de que llegados a este punto se normalice que la situación obliga a que Sánchez haga lo que sea para ser investido. Lo que sea o lo que pueda con la justificación, para poner sordina a un presunto amago de revuelta, de que no puede haber disidencia cuando el objetivo es el poder y, además, hay margen para forzar la situación porque no hay elecciones a la vista.

Moncloa cree que puede engañar a los republicanos. Conseguir la investidura, sin más compromiso que el diálogo sobre la situación en Cataluña, incluso en una mesa de partidos, y a partir de ahí entretener el tiempo y confiar en que la caída de Torra lleve a unas elecciones y de estas elecciones salga un Gobierno republicano que acepte volver al Tinell y se pase página del lío. Tal y como están las cosas suena al cuento de la lechera, como cuando la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tranquilizaba en vísperas del 1-O con el argumento de que no llegarían tan lejos porque, además, con Junqueras las cosas iban bien y en él se podía confiar.

ERC afronta la negociación desde el principio, así trasladado a La Moncloa, de que no pueden facilitar un Gobierno si no tienen un compromiso de negociar en otro foro de los ya establecidos el «conflicto» político que existe en Cataluña, con la vista puesta, en ningún caso renuncian a ello, en el derecho de autodeterminación. Y bajo la alargada sombra de sus «presos».

La confusión permite que cada parte venda aquello que más le interesa bajo la incógnita de si el socialismo aguantará realmente, con la excusa de que no hay elecciones, la mesa de partidos y el relator que ya ha condenado Felipe González. La mesa de partidos como foro no es recurrible ante ningún órgano, tampoco sus decisiones si no tienen valor ejecutivo, pero lo que concede al independentismo es su pretensión de alterar la representatividad parlamentaria y las mayorías decididas en las elecciones para que el Gobierno negocie de tú a tú con ellos. Ni PP ni Ciudadanos se sentarán en esa negociación. Pero sí la Generalitat de Torra, después de que haya anulado al Parlament y pretenda hacer lo mismo con el Congreso. Ya hay una mesa de partidos en la Cámara autonómica que han dejado morir porque la meta secesionista es sentarse de tú a tú en el ámbito nacional, pero fuera del Congreso donde están en minoría. Entre las primeras cuestiones que ERC quiere llevar a la negociación es la exigencia de interferencias del Gobierno de la Nación en el funcionamiento de la Justicia por la ejecución de las condenas del Supremo en el juicio del «procés».

La mesa de partidos también facilita una opacidad que niega el Parlamento porque allí todas las sesiones se registran oficialmente con fedatarios públicos. Por eso para ERC es un triunfo el mero hecho de que se abra esta vía cuando el diálogo entre el Gobierno de la Nación y una de sus comunidades ya tiene varios escenarios posibles. La mesa de partidos saca el diálogo de las instituciones democráticas y lo deja en el limbo del secretismo. Carece de luz y taquígrafos, de ahí lo del relator externo.

En enero ya hubo este intento al que ahora ERC condiciona la investidura, pero la presión pudo a Sánchez. Ahora, y así temen en el socialismo, «puede ser que la presión por lograr la investidura pueda ser mayor que la que implica para la democracia transitar por este camino que deslegitima a las instituciones». Antes de elecciones, la alternativa sería romper con Podemos y buscar el acuerdo con PP y Ciudadanos.