Mejor pasar la condena en casa

Cerca de mil españoles están cumpliendo sus condenas en cárceles extranjeras y, salvo los que está en centros europeos, el resto vive en unas condiciones más allá de lo humano

Antonio Cruz

Los españoles que cometen delitos fuera de nuestra fronteras suelen olvidar algo muy importante: de ser detenidos, serán juzgados con las leyes del país donde se comete la infracción. No es algo menor: hay 33 países en los que se condena con la pena de muerte el tráfico de drogas; entre otros, China. En 2013, el colombiano Ismael Arciniegas, de 72 años, fue ejecutado con inyección letal por transportar cuatro kilogramos de droga, por la que recibió 5.000 dólares. Nada pudo hacer el gobierno colombiano por salvarlo. En países africanos –Egipto, Sudán, Marruecos, Zimbabue, Somalia y Sudán del Sur– y, sobre todo, de Asia se aplica la pena máxima por este tipo de delito o la cadena perpetua. El índice más alto de españoles presos en cárceles del mundo fue en 2010 (2.366), 2011 (2.519) y 2012 (2.443), coincidiendo con la crisis económica. En este periodo, hasta el 83% era por temas relacionados con drogas. Sólo en cárceles de Latinoamérica había cerca de 1.300, de los que 1.196 era por este motivo (lo que supone el 95% del total). Perú, que era el país con más presos españoles, con 278, ha pasado a 80, entre otros motivos por los acuerdos de repatriación entre ambos gobiernos. Un reciente acuerdo hispano-hindú permite que cualquier ciudadano de los dos países pueda ser trasladado a su país de origen. En 2018 habían 151 peticiones de traslado que se estaban cursando. España está adscrita al Convenio de Estrasburgo, firmado por 63 países y 30 acuerdo bilaterales para traslado de presos, siempre con la condición de que haya una sentencia firme. La ayuda que el Ministerio de Asuntos Exteriores destina a los presos españoles (en 2018) es de 246.000 euros, la mayoría destinado a internados de centros en los que no existen las condiciones mínimas de vida, especialmente dedicada a alimentos y medicinas. Es el caso de Tailandia, Colombia, Bolivia, Ecuador o Brasil. A través de las oficinas consulares, se destina a este tipo de recluso 120 euros mensuales, que se incrementa a 150 cuando tiene un menor a su cargo.