Un nuevo “superestatut”: la baza de Sánchez para complacer a ERC

La próxima semana será decisiva en la formación del nuevo Gobierno. Los equipos negociadores del PSOE y de ERC tienen que entrar ya en cuestiones concretas del contenido del acuerdo, y ahí es donde está el problema, en encontrar una solución para que las dos partes puedan vender un pacto sin reconocer cesiones imposibles para ninguna de ellas. En las dos reuniones que han celebrado hasta ahora la discusión se ha ceñido en un principio alrededor de debates más formales sobre el marco en el que debe centrarse el diálogo, y ahí se circunscribe la exigencia de ERC de que se abandone el «lenguaje beligerante». Así lo ha ejecutado el Gobierno en funciones al asumir el «conflicto político» y la necesidad de abrir nuevos espacios de diálogo para corregir la «judicialización» de ese «conflicto», que hasta ahora se negaba.

Interiorizar este «marco discusivo» de Esquerra ya ha abierto úlceras dentro del PSOE, a pesar de que haya sido un perfil como el del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, el que haya asumido la carga de solemnizar lo que no tenía otra lectura que la de una cesión al independentismo. Ábalos siempre se ha caracterizado dentro y fuera del partido por su contundencia frente al «procés» y frente al secesionismo.

Esto ya ha movido costuras internas, pero lo decisivo llega ahora, cuando las dos partes tienen que poner negro sobre blanco las bases sobre las que debería avanzar ese diálogo alternativo a la «judicialización» del «conflicto». El gesto de asumir la dialéctica secesionista puede llevar a pensar que se trabaja en la flexibilización del marco legal o en una propuesta de reforma constitucional porque no hay otra salida para que un Gobierno negocie sobre lo que ERC dice en público que quiere que sea el centro del «diálogo», que no es si no avanzar hacia la autodeterminación y la amnistía a los políticos condenados en la causa abierta por el referéndum ilegal del 1-O.

El PSOE intenta hacer que la botella se vea medio llena a su favor. Destacan que Esquerra ha renunciado a la vía unilateral, que son conscientes de que no pueden dar más pasos hacia adelante hasta que no amplíen la base social, y que, por tanto, no les están planteando una negociación sobre la autodeterminación porque saben que es imposible. Ni la autodeterminación ni la amnistía están o estarán sobre la mesa, según la versión socialista. Dos exigencias que en cualquier caso no están entre las competencias del presidente del Gobierno, al quedar fuera del marco constitucional.

El interrogante decisivo sobre la negociación es si ERC aceptará un sí a la mesa de partidos, en lo que hay acuerdo ya que el PSOE cree que puede manejarla a pesar del coste que implica ceder también a esta exigencia, pero a cambio de circunscribir el diálogo entre Gobiernos, como reclama también el independentismo, a la comisión bilateral que ya existe entre el Ejecutivo central y la Generalitat. En el mismo nivel que existe con el resto de comunidades autónomas. Este foro ha sido marginado por el secesionismo porque nace del marco legal y estatutario.

En el discurso oficial el PSOE habla de abrir un diálogo sobre financiación, competencias..., cuestiones que han sido superadas desde hace tiempo por el independentismo. Y que difícilmente serán asumidas como base de la negociación por ERC. Pero en realidad una de las soluciones que se barajan para sortear una situación complicada, y en la que pocos socialistas se atreven a anticipar si saldrá bien y cuándo, es la de dirigir la atención a una nueva profunda reforma del Estatuto de Cataluña. La idea que airean para intentar aplacar a Esquerra y que acepte situar aquí el consenso es que con una mayoría progresista en el Constitucional ahora sí sería posible hacer lo que tumbó el Alto Tribunal, en junio de 2010, con su sentencia sobre el Estatuto de 2006.

La negociación ha seguido avanzando y cada paso hacia adelante hace más difícil el paso atrás por el coste que este proceso está implicando para las dos partes. Político y en muchos casos hasta personal, porque la cúpula socialista ya ha empezado a sentir el desafecto que genera en la calle su posición con Esquerra. El partido de Oriol Junqueras está sometido a la presión preelectoral y al empuje hacia el radicalismo del partido de Carles Puigdemont. La etiqueta de «traidores» pesa mucho, y aún más cuando se sabe que más pronto que tarde habrá examen en las urnas. Y Sánchez está sometido al peso de las siglas de su partido porque muchos votantes socialistas no entienden ni comparten que el precio de la investidura pase por abonarle una factura al independentismo. Sólo Podemos está cómodo ya es el que mejor puede manejar a futuro ese pacto. De hecho, Sánchez tiene incluso que buscar una fórmula para acallar la revuelta del resto de «barones» una vez que el proceso se ponga en marcha, si cuaja el acuerdo, como prevé Moncloa. Para ello la solución puede ser articular algún foro en el Senado o incluso en el Congreso, pero habría que ver qué hacen los presidentes autonómicos de las comunidades que gobierna el PP bien en solitario o con Ciudadanos.

Este contexto de presiones cruzadas y de líneas rojas incompatibles induce a pensar que las dos partes están estudiando el terreno para ver de qué manera pueden pactar cómo engañar a todos al mismo tiempo a fin de sortear la investidura y entretener el rato con la vista puesta en el objetivo de conseguir reeditar un tripartito en Cataluña que cuadre con la política de alianzas en Madrid. Pero hay un obstáculo que parece casi insalvable, en Cataluña la iniciativa la lleva Torra-Puigdemont, y las últimas elecciones generales no le fueron mal con la política de cuanto peor, mejor. Y ojo, porque en el otro lado lo que dicen los más críticos con la negociación es que no puede haber pacto si no hay Presupuestos además de investidura.