El juez de la “Constitución catalana” se enfrenta a una sanción de 12.000 euros antes de jubilarse

El próximo 1 de enero, Santiago Vidal, juez que contribuyó a la redacción del borrador de la hipotética «Constitución» de la «República» catalana, dejará el servicio activo de la Carrera Judicial. Tras haber sido suspendido durante tres años por esos hechos, todo hace indicar que colgará la toga definitivamente, pese a que podía continuar un par de años más, pero es más previsible que lo haga con una nueva sanción. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial estudiará mañana, martes, la propuesta del Promotor de la Acción de la Justicia, el magistrado del Tribunal Supremo, de que se les imponga dos multas de cinco mil euros cada una de ellas y otra de dos mil por la comisión de tres faltas graves, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes próximas al CGPJ. La Fiscalía también considera que los hechos son merecedores de una sanción.

La relación con esas multas están relacionadas, las dos primeras, con manifestaciones realizadas contra el juez que Barcelona que investigó un procedimiento relacionado con el referéndum ilegal del 1-O y de la Letrada de la Administración de Justicia que realizó el registro de la Consejería de Economía, el 20 de septiembre de 2017.

El expediente disciplinario se incoó a Santiago Vidal tras realizar unas declaraciones a la emisora catalana RAC 1, el pasado mes de marzo, en las venía a decir que el entonces juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, en su investigación por esos hechos «hizo todo lo necesario, fuera legal o no, sabiendo que él no tendría que pagar ningún precio porque sabía que el pronóstico de su enfermedad era muy grave y moriría». El magistrado aludido había fallecido por una grave enfermedad en noviembre del año anterior.

En cuanto a la Letrada de la Administración de Justicia que llevó a cabo el registro en la Consejería de Economía, Montserrat del Toro, la acusó de «no decir toda la verdad» y haber «exagerado mucho» cuando declaró ante el Tribunal Supremo en el juicio del “procés” que vivió una situación de «miedo» y de «tensión» que le obligó a salir del edificio por la azotea.

Cada uno de estos hechos es considerado por el Promotor de la Acción Disciplinaria como constitutivo de una falta grave de desconsideración respecto a la Letrada de la Administración de Justicia y al magistrado fallecido, y por cada falta una multa de 5.000 euros. También incluye otra falta grave por el contenido también de esas manifestaciones, que, aunque en este caso, la sanción propuesta es de 2.000 euros.

Ahora deberán ser los integrantes de la Comisión Disciplinaria quienes, a la vista del pliego de cargos del Promotor y de las alegaciones de Vidal, decidan si confirman esa propuesta o rebajan la sanción, pudiendo igualmente no imponer ninguna. Los siete vocales que forman esa comisión son Wenceslao Olea, Carmen Llombart , María Victoria Cinto, Roser Bach, Vicente Guilarte, Enrique Lucas Murillo y María Ángeles Carmona.

Vidal, ex senador por ERC, fue sancionado por vez primera en 2010, por haber tildado de «juez caracol» al magistrado Julio Solaz, instructor del «caso Millet», relacionado con el saqueo del Palau de la Música de Barcelona. En 2015 fue suspendido tres años por participar en la «Constitución catalana», y reingresó el pasado mayo.

La decisión de la Comisión Permanente puede ser recurrida en primera instancia ante el Pleno del CGPJ, y, posteriormente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. De esta forma, la resolución final llegará cuando Santiago Vidal haya dejado ya de pertenecer a la Carrera judicial como magistrado en activo.