Mesa autonómica como coartada

La negociación con ERC abre al PSOE un problema interno de difícil digestión, y ya han empezado a salir señales de la revuelta. La disidencia es siempre más prudente cuando lo que manda es la expectativa de llegar al poder, pero el pacto con los independentistas es un problema de difícil administración para la mayoría de los barones socialistas tanto en el plano interno como en lo que toca al militante y a su votante tradicional.

El «aparato» sí es consciente de lo que se les viene encima y de hasta qué punto esta negociación puede llegar a «triturar» al partido si no hay mecanismos de reacción que pongan sordina a las bases sobre las que parece que sí o sí tendrá que sostenerse el Gobierno de Sánchez.

En distintas comunidades autónomas ese «aparato» ya ha empezado a tomar conciencia de que a la militancia le genera un profundo rechazo que el compañero de viaje tenga que ser el partido de Oriol Junqueras. Y esto es muy evidente en feudos clave para el PSOE como Andalucía, donde los socialistas atraviesan ya una profunda crisis por la pérdida del poder y el coste de la sentencia de los ERE, una «travesía en el desierto» que temen que se prolongue «hasta el infinito» con la imagen de que están pactando con los que dieron «el golpe contra España». Andalucía es uno de los territorios en los que más impactan las noticias de la ofensiva secesionista y de los acontecimientos en Cataluña, y el pacto tiene un coste en imagen sobre las siglas del PSOE que los dirigentes del partido regional creen que es difícilmente reconducible. Ir a elecciones en el supuesto de que fracasase la investidura, hipótesis que no entra en las previsiones del PSOE, sería hoy un «suicidio» por el «agujero negro» andaluz. Entre otros.

Pero lo mismo puede decirse de Castilla-La Mancha o de Extremadura, otros graneros tradicionales del socialismo. El PP ya se frota las manos ante el «peaje» electoral que piensa que el PSOE tendrá que pagar por esta investidura de Sánchez.

Génova también anticipa que Sánchez llegará hasta donde tenga que llegar –«por él no será»– para que la negociación no quede sólo en una investidura, sino que en ella entren unos Presupuestos que quiten del mapa los del ex ministro Cristóbal Montoro y den a Sánchez oxígeno para al menos dos años, vía prórroga de los de 2020. Tiempo en el que intentar amortizar el coste del acuerdo con ERC.

Con los Presupuestos el PSOE puede ganar tiempo, pero antes tiene que calmar el frente autonómico. Es decir, compensar de alguna manera el desequilibrio y las tensiones que provocarán en el actual modelo autonómico que se acepte la exigencia de una negociación bilateral entre el Gobierno de la Nación y quienes quieren romper España, sin que en esa «mesa», sea con el formato que sea, estén sentados ni el principal partido de la oposición ni tampoco el resto de representantes del Estado autonómico.

La única vía posible para escenificar la implicación del principal partido de la oposición, de Ciudadanos en paralelo, y del resto de presidentes autonómicos, pasaría por buscar algún formato, existente o de nueva creación, en el Senado, que es lo lógico, o incluso en el Congreso, y que dé voz a quienes están fuera de la negociación bilateral con el secesionismo, que ahora sí acepta Sánchez. Es una salida «tramposa» porque lo importante se estaría negociando fuera. Y lo que se encontraría Sánchez sería «guerra» por parte dequienes están excluidos.

Si ese marco de diálogo autonómico llegara a concretarse, los «barones» del PP no lo boicotearían, asisistirían a él, de la misma manera que hoy Pablo Casado atenderá la convocatoria de Sánchez en el Congreso.

«El Senado es la Cámara de representación territorial y el sitio para hacer cualquier debate territorial», señala un presidente autonómico del PP. Donde no estará en ningún caso sentado el PP, ni como partido ni tampoco en su representación autonómica, será en «marcos que trasciendan los cauces de diálogo institucional establecidos».

PSOE y ERC han comenzado precisamente su negociación sobre los marcos en los que sostener el «diálogo» respecto al «conflicto político» o, dicho de otra manera, las «mesas» o foros en los que avanzar en la negociación sobre la exigencia de ERC de revisar la posición de Cataluña dentro del actual marco autonómico.

La pasada semana, el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunció en una entrevista en LA RAZÓN lo que los socialistas intentan silenciar: que ERC no acepta renuncian a la «mesa» bilateral de Gobierno a Gobierno, de tú a tú entre el Ejecutivo de la Nación y la Generalitat.

Si una vez superada la investidura esa «mesa» echa a andar, la revuelta autonómica está asegurada. Y no sólo de los barones de los gobiernos dirigidos por PP y Ciudadanos, porque al final todos ellos, con independencia de las siglas, están obligados a rendir cuentas ante sus ciudadanos si quieren volver a asegurarse una mayoría que les garantice mantener el poder. Y es condición necesaria para ese supuesto no avalar que haya un trato discriminatorio para su comunidad ni cesiones que impliquen privilegios para Cataluña. Ya no estamos hablando sólo de la discusión teórica de Nación, sino de cualquier revisión en el reparto competencial, de financiación, o de inversiones, por ejemplo.

El bilateralismo hace saltar por los aires el principio de multilateralidad que ha sostenido en las últimas décadas la «paz» autonómica, el «café para todos» es un principio innegociable, y esto lo saben también los socialistas.