Calendario judicial para la investidura: de la inmunidad de Puigdemont a la inhabilitación de Torra

El Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará también sobre Junqueras y el Supremo debe decidir en las próximas fechas si investiga a Laura Borràs

Reunión de JxCat en Bruselas
Quim Torra, la portavoz de JxCat en el Congreso Laura Borrás y Carles Puigdemont, en una rueda de prensa en Bruselas el pasado día 9Leo RodríguezEFE

El independentismo catalán afronta una semana clave ante la Justicia. El tribunal de primera instancia de Bruselas celebra hoy mismo una vista para decidir sobre la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del “procés”, para conseguir la entrega de Carles Puigdemont para que sea juzgado en el Tribunal Supremo (TS) por sedición y malversación. Pero como ya sucedió el pasado 29 de octubre, la vista tiene muchas posibilidades de concluir sin una resolución sobre el objeto del proceso, según fuentes jurídicas. Y es que uno de los principales argumentos que van a poner sobre la mesa los abogados del ex presidente de la Generalitat para oponerse a esa euroorden es la supuesta inmunidad de la que gozaría Puigdemont por su condición de eurodiputado electo. Por este motivo, su defensa solicitará que se aplaze el pronunciamiento del tribunal belga hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) dirima si el ex president goza o no de inmunidad pese a no haber protagonizado el acatamiento formal de la Constitución, como estipula la ley electoral española, para evitar ser detenido en nuestro país.

De acceder a las peticiones de su defensa, que según esas mismas fuentes respaldaría también la Fiscalía belga, el tribunal debería esperar a la resolución del TJUE del próximo jueves sobre la hipotética inmunidad de Oriol Junqueras, respondiendo así a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo respecto al ex vicepresidente de la Generalitat. En caso de que el fallo no aclarase la situación de Puigdemont, sus abogados quieren que el tribunal belga espere a la decisión que debe tomar el mismo TJUE en relación a su demanda contra el Parlamento Europeo por negarle al líder soberanista tomar posesión de su escaño, que según las fuentes consultadas podría resolverse a principios del próximo año.

El abogado general de la UE concluyó que a Junqueras debió permitírsele tomar posesión de su escaño en el Europarlamento, pero apostilló que el objeto de la cuestión prejudicial había quedado vacío de contenido en la medida en que Junqueras ya ha sido inhabilitado en sentencia firme en el juicio del “procés”. El fugado Puigdemont, sin embargo, no ha sido condenado porque más de dos años después sigue huido de la Justicia, por lo que el reconocimiento de la inmunidad del líder de ERC podría beneficiarle.

Al margen de estos dos focos judiciales en Bruselas y Luxemburgo, ya en España tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deben adoptar en los próximos días decisiones que afectan directamente a líderes independentistas. El segundo notificará en las próximas fechas la sentencia que previsiblemente inhabilitará a Quim Torra por negarse a acatar los mandatos de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de la sede de la Generalitat y otros edificios públicos en plena campaña electoral.

Una inhabilitación que, sin embargo, no le impedirá seguir presidiendo el Ejecutivo catalán, al no ser firme la sentencia a la espera de lo que resuelva el Supremo. Eso sí, Torra -para quien la Fiscalía pide una condena de 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros- no podrá ser candidato en unas hipotéticas elecciones catalanas pues la ley electoral considera inelegibles a los condenados a penas de inhabilitación por delitos contra las instituciones del Estado, entre otros, aunque la sentencia no sea firme.

Por otro lado, el mismo Tribunal Supremo tiene que decidir, previsiblemente antes de Navidad, si investiga a la diputada de JxCat Laura Borràs -como reclama la Fiscalía- por la supuesta adjudicación a dedo de 18 contratos de programación informática por valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), organismo dependiente de la Generalitat, entre 2013 y 2017. Si finalmente resultase imputada, el Supremo debería solicitar el suplicatorio al Congreso para proceder contra ella al gozar de aforamiento.