Hasta cuatro comunidades del PSOE tienen peores datos que Andalucía

La decisión del Ministerio de Hacienda de intervenir económicamente al Ejecutivo andaluz a pocos días de haber aprobado sus presupuestos ha provocado agrias críticas por parte del PPA, que acusa al Gobierno de Sánchez de comportarse con «absoluta discrecionalidad» ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEP) no obliga a adoptar necesariamente medidas tan extremas como las tomadas, que incluyen que Andalucía no pueda acceder a los mercados financieros.

Y lo cierto es que no le faltan argumentos al Gobierno andaluz, toda vez que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala nada menos que cinco comunidades autónomas con menos posibilidades que Andalucía de cumplir el objetivo de déficit cero para 2020. En concreto la AIReF considera «muy improbable» que Extremadura, Castilla - La Mancha, Valencia y Murcia lo consigan mientras que, en referencia a Aragón, el dictamen de este organismo se queda en un «improbable». Como es bien sabido cuatro de estas regiones –que no han sido apercibidas con la contundencia utilizada contra el Ejecutivo regional de Moreno Bonilla– son gobernadas por el PSOE.

Según este informe de la AIReF –de elaboración reciente ya que fue publicado el pasado 4 de diciembre– es «factible» que Andalucía logre el objetivo de déficit cero, una categoría que, en realidad, se otorga a otras 8 comunidades autónomas. «De acuerdo con las previsiones del proyecto, los ingresos crecerían por encima del 9% sobre el nivel de 2019, con medidas de rebaja fiscal compensadas con mayores ingresos por ventas y reintegros», afirma sobre las cuentas andaluzas en informe de la AIReF.

Otro punto que han provocado el malestar en Sevilla es la no existencia de precedentes directos de una decisión de esta gravedad tomada por Hacienda contra una Administración autonómica. El precedente más cercano podría ser la intervención de las cuentas catalanas anunciada por el ministro Montoro en septiembre de 2017, cuanto faltaban apenas dos semanas para el referéndum ilegal.

En aquel entonces Hacienda asumió directamente todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat encargándose el Gobierno de Rajoy de los desembolsos del Ejecutivo catalán para sueldos, Educación, Sanidad y servicios sociales. Para hacer frente a los pagos se echó mano de los 1.400 millones que corresponden a Cataluña por el sistema de financiación autonómica.

Además, Montoro impuso al Govern el cierre de todos sus gastos no fundamentales en 48 horas. Aunque, como puede verse, la intervención en Cataluña fue mucho más contundente que la que el Gobierno de Sánchez ha impuesto a Andalucía lo cierto es que no se trata de un precedente válido debido a los motivos que motivaron la decisión. En aquel entonces de lo que se trataba era de garantizar que ni un solo euro de los presupuestos fuera destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre mientras que ahora se aducen la necesidad de realizar un plan de ajuste para someterse a las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico.

Tampoco puede considerarse una «intervención» equivalente las que Montoro llevó a cabo a Aragón y Extremadura en abril de 2016. En el caso andaluz la decisión del Gobierno de Sánchez viene a significar, junto a la intervención financiera, el bloqueo de la salida al mercado financiero y la necesidad de implementar recortes pre-

supuestarios que retrasarán (o puede que hagan imposibles) las reformas emprendidas por Juanma Moreno. En caso de Aragón y Extremadura el Ministerio de Hacienda se limitó a iniciar el proceso de retención de recursos del sistema de financiación autonómica previsto en el artículo 20.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Donde sí hubo intervención en toda regla fue en el Ayuntamiento de Madrid donde, al constatar Montoro en noviembre de 2017 que el Consistorio no había corregido su senda de gasto se procedió a tutelar semanalmente las operaciones financieras de la capital de España. Sin embargo, se trata de una administración local con un presupuesto de 4.700 millones de euros frente a una comunidad de Andalucía que maneja un presupuesto de 36.500 millones.