Mantener la serenidad

La decisión de la gran sala del Tribunal de Luxemburgo ha supuesto un auténtico cataclisquismo para la justicia español. Negarlo es absurdo, y más valdría que todas las instituciones, empezando por el Gobierno y siguiendo por la justicia y los tribunales, asumiesen este auténtico revolcón. El fallo del Tribunal europeo concluye que la inmunidad parlamentaria opera desde el mismo momento de la proclamación de resultados y eso no es lo que defendieron diferentes operadores jurídicos. Al fin y al cabo, no deberíamos olvidar que la institución de la inmunidad nació en la Revolución Francesa para contener la actuación de los tribunales de justicia. El objetivo era impedir que la justicia pudiese alterar la composición de los Estados Generales y, sobre todo, la incorporación de los electos a la Cámara de representantes. Nos guste o no, esta es la teoría que se ha impuesto.

Así las cosas, lo lógico sería defender con beligerancia que la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019, condenando a Junqueras por sedición y malversación, es plenamente acorde a derecho. Del mismo modo, la inhabilitación del condenado para el ejercicio de cualquier cargo público parece irreversible y, por lo tanto y a falta de cómo aplique el Supremo el fallo de Luxemburgo, esta debería ser la posición de los partidos que dicen respetar el Estado de Derecho y la Constitución.

Esta resolución unida al fallo del Tribunal Superior Justicia condenando a Torra a inhabilitación por desobediencia, complica objetivamente el apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez. Negarlo también es absurdo. Pero todo ello no debería hacer dudar al Gobierno de la necesidad de apoyar con convicción la actuación y las resoluciones de los Tribunales de justicia.

Es cierto que Puigdemont y Junqueras han usado en beneficio propio y con mucha habilidad los mecanismos que el Estado de Derecho pone a su disposición. Fueron candidatos precisamente para dificultar la acción de la justicia y para poner al Estado de Derecho en serios apuros, y lo han conseguido. Ahora el Estado de Derecho tiene que actuar interpretando adecuadamente la resolución europea, acatando sus consecuencias y cumpliendo sin atajos. Si ello llevase a la conclusión de tener que aguantar la imagen insoportable de Puigdemont recogiendo su acta de diputado y entrando en el Parlamento europeo, habrá que aceptarlo a nuestro pesar. Pero a continuación habrá que pedir un suplicatorio, votarlo con convicción, para que más pronto que tarde el prófugo de Waterloo sea puesto a disposición judicial, juzgado y previsiblemente condenado, como ya lo fuera Junqueras. Y esa debería ser la posición de todos aquellos que dicen defender la Constitución, con independencia de si eso beneficia o perjudica a sus intereses inmediatos. El Estado de Derecho debe actuar con serenidad y con independencia de coyunturas políticas.