Gabinete de crisis en Moncloa: ERC aleja la investidura del 30 de diciembre

Día clave hoy para la investidura de Pedro Sánchez. El sentido en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva la inmunidad de Oriol Junqueras y las implicaciones que este fallo puedan tener, a corto plazo, en las posibilidades de que –por extensión– Carles Puigdemont pueda ser candidato a la Generalitat, marcarán el paso de Esquerra Republicana. En paralelo a los factores externos, el pacto entre PSOE y ERC entra en la recta final, a la espera de que los republicanos respondan a la última oferta socialista. Todo parece bien atado, pero no deja de estar expuesto a interferencias que pueden ser letales para que el acuerdo llegue a buen puerto. Un pequeño golpe de mar puede hacer tambalear el barco y eso es lo que pasó ayer.

Socialistas y republicanos se han autoimpuesto un voto de silencio respecto a las negociaciones que se ha demostrado crucial para los «avances» que van registrando. Ese voto lo traicionó ayer José Luis Ábalos, con un «tropiezo» que por momentos hizo zozobrar la nave. El negociador socialista reconoció en una entrevista en «Los Desayunos de TVE» que una de las cesiones que habría hecho ERC en aras del acuerdo es abandonar la vía unilateral. Preguntado sobre esta renuncia, el secretario de Organización del PSOE respondió que «sí, sí, yo creo que sí. El encuentro es parte de esa conclusión», al tiempo que añadía que «si renunciamos a la unilateralidad y buscamos cauces democráticos, es que eso es valiente. Superar la presión, el ambiente de crispación y enfrentamiento es un acto de valor». Los socialistas necesitan vestir ante los suyos el pacto con ERC y atraerles hacia la dinámica de la legalidad, es un paso en esta dirección.

Sin embargo, desde el independentismo no se comprendió que se revelara esta cuestión ni el calendario de la investidura –tal como publicó ayer este diario– con visos de hacer presidente a Sánchez el 30 de diciembre, unos movimientos que van en contra de la petición de tiempo que desde ERC se ha hecho al PSOE para que les permitan gestionar internamente y a su ritmo su viraje del «no» a la abstención. Parte de este giro se tendrá que producir, necesariamente, en el 28º Congreso que la formación soberanista celebrará este sábado en Barcelona, antes del cual, no se espera ningún pronunciamiento en favor del acuerdo con los socialistas y mucho menos de renuncia a la vía unilateral.

El «tropiezo» de Ábalos, como lo definen desde el propio PSOE, desencadenó en la convocatoria de «urgencia» de una suerte de gabinete de crisis en Moncloa, liderado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que obligó a la portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, a abandonar con premura la reunión que estaba manteniendo con el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, para asegurar su voto en la investidura. La preocupación era palpable en el PSOE y, aunque fuentes oficiales tildaron de «prevista» la cita en Moncloa que obligó a Lastra a abandonar el Congreso, lo cierto es que en el seno del partido existía cierta ansiedad por que el pacto pudiera verse «frustrado» en la recta final.

Otras fuentes, sin embargo, aseguran que el acuerdo no corre ningún peligro y que la sobreactuación y el rifirrafe dialéctico que la portavoz de ERC Marta Vilalta escenificó en el Parlament solo obedece a la necesidad de marcar su posición ante una declaración que no deja en buen lugar al partido ante los suyos. En todo caso, este episodio sí refleja la tensión que trasciende la negociación y lo delicado que es el clima que rodea un pacto que, hasta que no esté rubricado, no será firme.

A pesar del citado rifirrafe, en Moncloa mantienen viva la expectativa de que la investidura se pueda celebrar antes de que acabe el año. El calendario sigue vigente y sería que Sánchez subiera a la tribuna del hemiciclo a pronunciar su discurso el viernes 27, se sometiera a la primera votación –para la que no tiene mayoría absoluta de apoyos– el sábado 28 y, ya sí con mayoría simple, el lunes 30 pudiera ser investido presidente. Si también todo se mantiene como hasta ahora en lo pactado, ERC conseguiría arrancar a Moncloa una mesa de negociación «ad hoc» entre gobiernos para resolver el «conflicto político» en Cataluña. En dotar de seguridad jurídica a este foro se ha empleado a fondo el Gobierno, desde que asumiera que no puede ser la comisión bilateral que ya preveía el Estatut. A cambio, Sánchez atraería a la Generalitat a los espacios de diálogo institucional como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera que habían relegado a una presencia meramente testimonial.

A este reclamo político, se unen tres grandes consensos en materia social. Tras constatar sus coincidencias en este punto, ambas partes están dispuestas a impulsar la derogación de la ley mordaza, de la reforma laboral y dar un impulso a la Ley de Memoria Histórica. Estos elementos permitirán defender ante los ciudadanos que el pacto tiene una utilidad social, más allá de verse enredados en la retórica y demandas independentistas, hacia las que –por otro lado– el Gobierno no ha ahorrado en gestos, asumiendo el «conflicto político», retomando la interlocución con Torra o volviendo a la dinámica pactada en Pedralbes.