Investidura inhabilitada: Sánchez asume que no será presidente antes de enero

En Moncloa esperaban un fallo más ambiguo para seguir negociando con ERC. Ahora, el calendario para hacer presidente a Sánchez en 2019 decae

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La jornada estaba marcada en rojo en el calendario de Moncloa y se resolvió de la peor manera posible para sus intereses. El círculo más próximo a Pedro Sánchez no esperaba una decisión tan contundente por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ayer falló que Oriol Junqueras tenía inmunidad desde el 26 de mayo –fecha de las elecciones europeas– y que debió ser reconocido en su condición de eurodiputado durante su etapa en prisión provisional.

En el Gabinete creían que el dictamen del TJUE sería más ambiguo y que, al menos, les permitiría mantener un mínimo resquicio por el que seguir avanzando en las conversaciones, ya encarriladas, con ERC. La sentencia cayó como una bomba en el Gobierno en funciones, que no aspira ya a despojarse de esta condición en el corto plazo. El calendario más optimista, el que preveía que Pedro Sánchez fuera presidente antes de fin de año, decae. Ambas partes mantienen la voluntad de alcanzar un acuerdo, pero el contexto se ha viciado de tal modo que el margen que demandaban los republicanos para virar del «no» a la abstención se amplía obligatoriamente hasta enero.

En Moncloa contuvieron el aliento durante gran parte del día –a la expectativa de cómo se escenificara la reacción de su socio soberanista–, conscientes de que ERC está ahora en una situación de exposición que compromete su futura posición para facilitar la gobernabilidad. Para los republicanos, el fallo sobre su líder en prisión es –en la práctica– una mera victoria moral sin efectos, mientras que para su rival electoral, Carles Puigdemont, puede suponer el salvoconducto que le permita concurrir a unos eventuales comicios anticipados en Cataluña.

En un primer momento, la intervención pública de Pere Aragonés se limitó a exigir la aplicación de la sentencia y en el Gobierno se mantuvo el silencio. Solo después de que en un nuevo pronunciamiento los republicanos dieran por paralizadas las negociaciones con el PSOE, hasta conocer qué hará el Gobierno con el fallo, se emitió un comunicado. Siete horas y ocho puntos mediante, el Ejecutivo buscó marcar distancias entre lo judicial y lo político en un intento desesperado de salvar la reelección de Sánchez.

La estrategia de Moncloa es desvincular el fallo del TJUE de la investidura y de su gestión como Gobierno. «No hay nada disonante para seguir trabajando», aseguró la vicepresidenta del Gobierno en funciones, que pidió lacónicamente a los republicanos «hacer posible» el gobierno cuanto antes para empezar a tomar decisiones que afectan a Cataluña. No es baladí este pronunciamiento, pues apela directamente al argumento que ERC esgrimirá ante los suyos para facilitar en un futuro –ahora más difuso– la gobernabilidad. Buscar una salida política al «conflicto» a través del desbloqueo. Desde el diálogo y no desde los tribunales.

En la dinámica de gestos en la que vive instalado el Gabinete de Sánchez, la Abogacía del Estado se torna decisiva. Es el instrumento a través del cual se buscará un acercamiento al soberanismo, si tenemos en cuenta que ya en junio este órgano se mostró favorable a que el ex vicepresident de la Generalitat encausado por rebelión saliera de la cárcel para jurar ante la Junta Electoral como europarlamentario. «En los próximos días» la Abogacía del Estado presentará su escrito, para el que «está estudiando detenidamente y de manera concienzuda» la sentencia, con el objetivo de adoptar «la posición que mejor ayude al Supremo para cumplir esta sentencia», dijo Calvo.

En contraposición a este eventual guiño, en Moncloa buscaron ayer marcar distancias entre el poder ejecutivo y el judicial. El comunicado del Gobierno aseguró que «respeta y acata las resoluciones de los tribunales españoles y de los supranacionales» y que la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras «es una cuestión jurisdiccional adoptada en el ámbito de la independencia» de estos tribunales. Desde varias esferas de Moncloa y el PSOE se quiso también hacer hincapié ayer en que esta resolución «no analiza ni se pronuncia sobre la sentencia del juicio del ‘‘procés’’» .

«Herencia recibida»

En todo caso y tras levantar este cortafuegos, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, volvió a lo que les ocupa estos días en Moncloa: «Estamos en lo que nos obliga la democracia que es conformar una mayoría que contribuya a la investidura y a un gobierno pronto, que no tiene que ver con este otro espacio en el que se produce esta sentencia». Calvo intentó atraer a ERC con la promesa de «abrir una etapa política con respeto a las diversas y legítimas posiciones políticas y un diálogo para llegar a acuerdos que estén fundamentados en los principios del Estado de Derecho».

Una nueva forma de hacer política que haga «pasar página» de una situación marcada por la judicialización de la misma, de la que este Ejecutivo dice sentirse «heredero del anterior», el de Mariano Rajoy. «Hemos heredado una situación que estamos administrando en los términos más democráticos posibles, en los parámetros constitucionales y respetando desde el Ejecutivo las sentencias del poder judicial».

En los «próximos días», los mismos que se ha dado la Abogacía del Estado para emitir su informe, se dilucidará si la «política del ibuprofeno» que el Gobierno mantiene de manera constante con el soberanismo tiene su resultado en la formalización de un gobierno.