Salen de la cárcel los tres CDR tras pagar la fianza de 5.000 de euros

Tres de los siete integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por delitos de terrorismo en prisión provisional desde el pasado 26 de septiembre han salido de la cárcel tras pagar una fianza de 5.000 euros. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal del citado tribunal decidió su libertad bajo fianza con el visto bueno de la Fiscalía -que solicitó que se les impusiera una fianza más elevada, de 9.000 euros- y con la oposición de la acusación popular que ejerce Acvot (la asociación catalana de víctimas del terrorismo), al considerar que pese a la “relevante probabilidad de culpabilidad” en relación a Eduard Garzón, Xavier Buigas y Guillem Xavier Duch, la prisión puede sustituirse por medidas cautelares menos graves.

Así, la Sala les impuso la obligación de comparecer todos los lunes ante el juzgado de su lugar de residencia, la prohibición de salida del territorio nacional, así como la fijación de un teléfono, domicilio y persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial.

Respecto al riesgo de fuga, el tribunal considera que se ha reducido de forma “muy significativa” dado el probado arraigo personal, familiar, social y económico de los investigados. Y en relación con el peligro de destrucción de pruebas, la Sala tiene en cuenta que ya han sido practicadas casi la totalidad de las pruebas que inculpan a los encausados, por lo que no existe la posibilidad de que entorpezcan, dificulten o retrasen la investigación. Tampoco que pueden ejercer una influencia directa sobre testigos u otros imputados o peritos.

En relación a Garzón y Buigas, además, los magistrados reseñan que ha de tenerse en cuenta, tal y como alegó el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, su falta de participación material en la fabricación y tenencia de explosivos.

La investigación sitúa a Buigas y Duch en el aparato logístico y de comunicaciones, respectivamente, del ERT, y señala a Garzón como el “segundo integrante con mayor peso de la organización criminal”.

Eso sí, la Sala avala que se investigue a los detenidos en la “operación Judas” por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos y descarta todas las posibles vulneraciones de derechos alegadas por sus defensas, recalcando que el juez instructor, Manuel García Castellón, ha cumplido “sobrada y escrupulosamente” al garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.

La Sección Segunda tiene aún pendiente resolver el recurso interpuesto por la defensa de Alexis Codina, a cuya libertad se oponen tanto la Fiscalía como Acvot, pues lo vincula directamente con la adquisición, fabricación y puesta a prueba de material explosivo incautado.

La Audiencia anuló la orden de prisión de todos ellos, más la de otro de los detenidos, Germinal Tomás, al no haberse facilitado a sus defensas información esencial de la causa y de los indicios contra ellos en el momento de acordar la medida.

Acvot se ha opuesto a que queden en libertad bajo fianza los tres miembros de los CDR porque, como advertían en sus alegaciones los letrados José María e Ignacio Fuster Fabra, los hechos que se les atribuyen no fueron ejecutados “de forma aislada e individual”, sino que se enmarcan en “un plan con reparto de papeles” pues todos ellos “forman parte de una organización criminal”.

Respecto a Garzón, la acusación popular subraya su preeminente posición en la célula como encargado de “impulsar la coordinación de acciones”. De Buigas destaca que era el encargado de “planificar, desarrollar y dar los pasos necesarios para llevar a efecto el asalto al Parlament” que planeaba el ERT como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. De Duch resalta que era un miembro “especialmente activo” y que habría acompañado a otro de los detenidos, Jordi Ros, “a comprar material necesario para la fabricación” del material explosivo con el que planeaban llevar a cabo acciones de sabotaje. En cuanto a Codina, la acusación popular asegura que como presunto integrante del “núcleo productor” su participación consistió en “la elaboración en su domicilio en unión de otras personas del compuesto denominado termita, entre otras sustancias explosivas e incendiarias”, que según los agentes de los Tedax “estaba lista para ser utilizada”. Además, habría participado “en la localización de los objetivos para llevar a cabo acciones violentas contra instalaciones críticas como torres eléctricas”.