Tierra quemada tras negociar con ERC

El PSOE ha llevado tan lejos sus cesiones a Esquerra que ha eliminado la posibilidad de un pacto in extremis con los partidos constitucionalistas y evitar las terceras elecciones

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el Congreso
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el CongresoEmilio NaranjoEFE

Desde el referéndum ilegal del 1-O de 2017 hay pocas cosas en la política española que no hayan quedado sometidas a la acción o inacción independentista. No hay agenda que escape a los efluvios de la secesión. La última prueba son las consecuencias de la decisión del Tribunal Europeo sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras. La comunicación oficial de esa decisión, con la confirmación de su inmunidad, ha roto la estrategia de todos los actores políticos y ha descolocado también los cimientos del establishment judicial.

Los mismos interlocutores del Gobierno socialista en funciones que el martes por la noche daban por cerrado el acuerdo de investidura antes de Año Nuevo, anticipando en filtraciones informales las bases del mismo, y barriendo para casa sobre las cesiones, no tienen ahora un plan B para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Más allá de seguir «pagando» a ERC si no quieren que Sánchez confirme su defunción política con el honor de pasar a la historia como el político que ganó dos elecciones sin ser capaz de construir una mayoría estable de gobierno.

El candidato del PSOE y su equipo de consejeros áulicos, estrategas del acuerdo con Podemos y del pacto con ERC, han llegado tan lejos en la apuesta por el pacto independentista que no tienen apenas margen para dar marcha atrás por una vía alternativa a la de las terceras elecciones. La negociación con ERC ha dejado tierra quemada detrás, y las cesiones para acercarse al relato de ERC entierran la posibilidad de ese acuerdo in extremis con los partidos constitucionalistas para evitar una nueva convocatoria electoral.

Sánchez está atado al acuerdo con Podemos y a su decisión de abrirse al pacto con ERC. Junqueras tiene en su mano elevar el precio de su abstención todo lo que quiera, y el agua le llega al cuello al líder del PSOE porque sabe, de la misma manera que lo sabe Junqueras, que no pueden engañar al mismo tiempo a todo el mundo y durante mucho tiempo. Porque las exigencias y necesidades de las dos partes son incompatibles.

Las certezas sobre el nuevo Gobierno en coalición, que a principios de semana acariciaban las dos partes, se han volatizado con una decisión judicial europea que entraba dentro de las posibilidades, pero que en el cortoplacismo que mueve la política española se ha preferido ignorar a pesar de que sabían que podía ser determinante en el futuro de la gobernabilidad nacional y catalana.

La oposición está igual. Su situación es mucho más cómoda, pero tampoco hay plan alternativo. Pablo Casado también ha decidido apostarlo todo a la opción de que habrá Gobierno en coalición con Podemos y con pacto con ERC. En Génova han jugado toda su estrategia a partir de la premisa de que ese pacto estaba cerrado y de que debían mover todas sus «cartas» en la dirección necesaria para no dejarse comer ni un solo milímetro en el espacio de la oposición. ¿Pero qué va a hacer Casado si no hay ese Gobierno de coalición con el pacto independentista? En la cúpula del PP saben que dentro del partido hay muchos cargos autonómicos y provinciales que sostienen que en la naturaleza del PP está ser un partido útil para la estabilidad y para la gobernanza.

Por tanto, ser una copia de Vox sólo puede revertir en beneficio de Vox. Y a partir de esta visión de la situación política, si el pacto del PSOE con Podemos naufraga, la corriente que opina que el PP debe ser parte de la solución del problema, y no instigador del problema, tendrá más razones a su favor para defender que es el momento de actuar. Pero Casado no se ha dejado espacio para esa rectificación porque no ha ligado su «no» a la demanda de que se rompa el pacto con Podemos, como condición primera para revertirlo. Desde posiciones antagónicas, tanto Sánchez como Casado sólo se han dejado una salida. Y todo es tan frágil, por la propia inconsistencia de los liderazgos políticos, que todo lo que nos dicen que está atado se cae en cuanto se le mueve una de las piezas de su mecanismo.

A la líder transitoria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le falla su decisión de atarse al PP, como si la formación naranja no pudiera resurgir de las cenizas en un papel distinto al de nueva sucursal de la marca de los populares. Ha tenido oportunidades de sobra para arriesgar y liderar la agenda política con el anuncio de que ofrece sus diez escaños a Sánchez para que sea investido sin necesidad de depender de ERC. Pero Arrimadas ha blindado su «no» a Podemos con tanto empeño que, igual que le pasa a Sánchez y a Casado, no tiene apenas margen de rectificación sin que hipoteque el crédito que conserva.

La decisión del Tribunal Europeo deja en evidencia al Tribunal Supremo y al juez Marchena. Y en el plano del marketing político facilita a Junqueras el papel de mártir de la democracia española, y que a Carles Puigdemont le toque el de «salvador» de la patria catalana. La iniciativa la llevan desde hace años los independentistas. Y los constitucionalistas pierden las pocas certezas que intentan vender a la opinión pública bajo el impulso de la primacía de sus intereses de partido. Y el lunes el Rey Felipe VI tendrá que grabar su mensaje tradicional de Navidad con la referencia de un escenario en el que certezas, certezas, ninguna. «No se han podido hacer peor las cosas. Hablamos mucho de la propaganda independentista, pero a los constitucionalistas nos falta tiempo para pasarnos la mano por el lomo y decirnos que no pasa nada. Claro que pasa. Y no hemos levantado cabeza desde que al Gobierno de España se le escapó Puigdemont». Ayer un miembro del actual comité de dirección del PP hacía esta reflexión en alto. En privado, que en público faltó tiempo para que el Gobierno en funciones culpara al PP y el PP culpara al Gobierno en funciones de Sánchez.