El Ayuntamiento de Barcelona vota liberar a Junqueras y anular el juicio

Tras cuatro años de reproches y negociaciones fallidas en los que el «procés» ha enturbiado también la política municipal, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer, por fin, unas nuevas ordenanzas. El malestar entre ERC y JXCAT, «in crescendo» desde 2017, ha ayudado a resquebrajar la política de bloques y a abrir el diálogo entre fuerzas. Fruto de esta dinámica, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona dio luz verde a un nuevo paquete de impuestos y a la zona de bajas emisiones, que aún no tenía su normativa aprobada, pese a que entrará en vigor el 1 de enero.

Tanto las ordenanzas fiscales como el veto a los coches contaminantes salieron adelante con el apoyo de los mismos aliados: BComú, el PSC, ERC y JxCAT. El concejal de la Presidencia, Jordi Martí, agradeció a ERC y JxCAT su esfuerzo por llegar a acuerdos y se atrevió a decir que «estamos recuperando un espacio de confianza para colaborar en el futuro». Esta declaración de buenas intenciones no es sólo cosa del espíritu navideño. El gobierno municipal tiene pendiente aprobar presupuestos y otros impuestos en 2020, como las nuevas tarifas de la zona verde y azul.

Pero como Barcelona no es un oasis, para que el diálogo siga dando frutos, tienen que acabar bien otras negociaciones en el Parlament de Cataluña, donde ERC, JxCAT y los comunes han dado un primer paso para aprobar los presupuestos, y en el Congreso de los Diputados, donde la entente entre Pedro Sánchez y ERC está más difícil después de que la justicia europea haya reconocido la inmunidad de Oriol Junqueras.

Una muestra de cómo la decisión del tribunal de la Unión Europea volverá a alterar la política en todas las instancias se vivió en la parte final del pleno. ERC y JxCAT presentaron un texto que exige la nulidad de la sentencia del juicio del 1 de octubre, reclama la libertad de Oriol Junqueras y rechaza la vía penal y la sentencia de desobediencia contra Quim Torra. Salió adelante con el apoyo de BComú. Colau se desmarcó del PSC, su socio en el Ayuntamiento de Barcelona, con el argumento de que «la judicialización de la política es un error y es una vía agotada».

La declaración, que cuenta con diez puntos, insta a las administraciones españolas a «detener la judicialización de la política y a trabajar en la liberación de todos los presos y presas políticos en el mínimo tiempo, para iniciar una nueva etapa de diálogo y soluciones políticas». También pide reconocer que es el Parlament de Cataluña –y, por lo tanto, los ciudadanos con sus votos–, el que debería elegir democráticamente quien ocupa la Presidencia de la Generalitat, un guiño a Carles Puigdemont. Y llama a Pedro Sánchez a actuar de «inmediato» para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Mientras que Bcomú entiende que Europa pide volver a la mesa de diálogo, el PSC dice que «hay que respetar y acatar las sentencia».