Torra alegará que solo el Parlament puede retirarle el escaño

Quim Torra cree que la Junta Electoral no es competente para dejarle sin escaño en el Parlament, algo que solo corresponde a la Cámara catalana. El presidente de la Generalitat presentará hoy por escrito sus alegaciones a la petición del PP de que la Junta Electoral Provincial de Barcelona ejecute ya – sin necesidad de esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo y sea firme– la inhabilitación a la que ha sido condenado por negarse a retirar en campaña los lazos amarillos de la sede de la Generalitat.

Los populares instaron la medida invocando el artículo 6,2 de la Ley Orgánica de Régimen General (Loreg), que tras una reforma de 2011 avala la «inelegibilidad sobrevenida» de los condenados a penas de inhabilitación por delitos contra la Administración Pública aunque la sentencia no sea firme. Esa inelegibilidad acarrea, según la doctrina de la Junta Electoral Central (JEC), una incompatibilidad sobrevenida que, en el caso de Torra, le dejaría sin escaño en el Parlament y, por ende, le apartaría de su cargo como presidente de la Generalitat (dado que el Estatut estipula que el presidente de la institución debe ser un diputado de la Cámara catalana).

Sin embargo, Torra defenderá en su escrito, según ha podido saber LA RAZÓN, que ese artículo de la Loreg –reformado en su día para evitar que cargos públicos inhabilitados por corrupción se aferraran al cargo mientras la sentencia no fuese firme– solo se puede aplicar a los ayuntamientos (donde de hecho lo han sufrido varios concejales y alcaldes), pero no a las comunidades autónomas. «Entre las competencias autonómicas se incluyen las de regular las causas de incompatibilidad de sus diputados», aseguran las fuentes consultadas, que apuntan que Torra hará referencia a diversas sentencias del Tribunal Constitucional que avalarían esa interpretación.

En todo caso, añaden, aunque finalmente prosperase la petición del PP y la Junta Electoral Provincial o, en la propia JEC, ordenase a la Cámara catalana que retirase el escaño a Torra, «sería el Parlament el encargado de ejecutar la medida», algo que aventuran, la mayoría independentista se negaría a llevar a cabo, afrontando un nuevo proceso por desobediencia ante la Justicia.

En sus alegaciones hará constar igualmente que acceder a la petición del PP –que Vox planteará también hoy mismo en la vía penal ante el tribunal del «procés»– supondría, por un lado, «suplantar» al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (que le impuso la pena de año y medio de inhabilitación por negarse a retirar los lazos amarillos) en la ejecución de la sentencia. Y, por otro, «vaciar de contenido» el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, «privándole del derecho a la doble instancia» (la posibilidad de que un tribunal superior revise la condena).

Y ahí, como ha sucedido con Junqueras y Puigdemont, asoma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en una reciente sentencia sobre un caso de desobediencia, subrayan, «ha establecido que cuando se priva de efectos a un recurso se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente».

El presidente de la Generalitat expondrá también supuestos defectos de forma para oponerse a la tramitación de su inhabilitación exprés. Entre otras cuestiones, pondrá sobre la mesa que el plazo de alegaciones (la Junta Provincial instó el pasado viernes a Torra y a JxCat a presentarlas hoy como fecha tope) es insuficiente teniendo en cuenta que lo que se sustancia, en el fondo, es la pretensión de apartar del cargo a un presidente autonómico. Y, sobre todo, recalcará el president, al no existir un plazo para este trámite en la Loreg, debería acudirse a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, «que estipula un mínimo de cinco días».

Asimismo, cuestiona que no se haya dado traslado de la petición del PP a otras formaciones afectadas, como ERC, socio de gobierno de JxCat en la Generalitat.

Por último, el president pondrá reparos al hecho de que la medida se haya instado ante la Junta Provincial, que está constituida tras las elecciones generales (a diferencia de la JEC, las provinciales no son órganos permanentes), cuando «lo que aquí se reclama tiene que ver con las elecciones autonómicas».