“La inmunidad no puede convertirse en impunidad”

La Fiscalía del Tribunal Supremo no quiere saber nada de «gestos» judiciales que puedan abonar un entendimiento del PSOE con ERC de cara a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Su postura está al margen de cualquier interés al margen del estrictamente jurídico. En ese contexto, ayer dirigió un escrito al instructor del «procés», el magistrado Pablo Llarena, en el que le pide que mantenga las órdenes de detención y prisión acordadas en su día contra los fugados Carles Puigdemont y Antoni Comín, a la vez que insta a que reclame al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de la que gozan tras ser haber obtenido hace pocos días la condición de eurodiputados a todos los efectos. Este informe se produce en respuesta a la petición de LLarena para que Fiscalía, Abogacía del Estado, acción popular y defensas de Puigdemont y Comín informasen sobre si la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la inmunidad de Junqueras podía tener efectos directos en la situación de los dos fugados, toda vez que éstos también fueron elegidos en las elecciones europeas.

El Ministerio Público parte de que ambos fugados se presentaron a las elecciones europeas cuando ya habían sido procesados por el Tribunal Supremo, es decir, conocían que se les imputaban delitos de especial gravedad y ambos eludieron previamente la acción de la Justicia, lo que llevó a que se acordaran las respectivas órdenes de detención nacional e internacionales. Por este motivo, eran «plenamente consciente de las limitaciones que comportaban su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos». Por ello, lo que realmente buscaban al concurrir a esos comicios era «acogerse al paraguas de la inmunidad, que, a su juicio, le concedía la elección como europarlamentario con el propósito de obtener la libertad y eludir el proceso penal por este cauce».

Pero, en todo caso, deja claro la Fiscalía que la prerrogativa de la inmunidad no puede utilizarse en ningún caso como instrumento para «proteger de forma ilimitada, creando así un inadmisible limbo parlamentario» frente a aquellos procedimientos penales cuya instrucción incluso había terminado, como sucede con el del «procés», en el que están procesados Puigdemont y Comín, antes incluso de la convocatoria de elecciones europeas y de la elección de ambos como eurodiputados.

Y es que, afirma la Fiscalía para no dejar lugar a dudas, «la inmunidad no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional», es decir, frente a la Justicia. En cambio, entender que la inmunidad no tiene límite, y que afecta incluso cuando el proceso penal se encuentra ya en una fase avanzada, implicaría olvidar que esa prerrogativa no puede en ningún caso impedir «el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ya sido ya procesado y la investigación se encuentra ya concluida». Esta situación es la misma en que se encuentran Puigdemont y Comín.

Junto a todo ello, la Fiscalía reclama que se mantengan todas las medidas cautelares que pesan sobre ambos. Es decir, las órdenes de busca y captura y la de ingreso en prisión cuando sean detenidos; medidas que fueron adoptadas por «haber sido procesados por delitos muy graves» y con «bastante antelación al inicio del proceso electoral» donde fueron elegidos para ocupar un escaño en la Cámara de Bruselas.

Por ello, esas medidas están «absolutamente legitimadas y justificadas» y lo procedente es que sean entregados a la Justicia española.