El dilema de la Abogacía: que recoja el acta un inhabilitado

La Abogacía del Estado ultima el escrito que presentará ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto a los efectos que, en su opinión, debe tener la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la situación personal y procesal de Oriol Junqueras, una vez que la Justicia europea la reconoció la condición de eurodiputado. El plazo para presentar el dictamen finaliza el próximo jueves, día 2.

Mientras que la Fiscalía tardó unas pocas horas en contestar a la petición de la Sala Segunda y el propio Junqueras hizo lo propio en pocos días, los Servicios Jurídicos del Estado apuran el plazo de cinco días hábiles para pronunciarse; un informe que desde ERC se espera con ansiedad porque esperan ver en él el «gesto» que reclaman para apoyar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Una de las cuestiones que trata de dirimir la Abogacía del Estado, según informaron a este periódico fuentes jurídicas, es ver cómo se compagina el derecho a recibir el acta de eurodiputado y, a la vez, que no se deje sin efecto la condena de 13 años de inhabilitación que le impuso el Supremo, junto a otros tantos de prisión, por su participación en todo lo relacionado con el «procés».

Compaginar estos dos aspectos es lo que la Abogacía del Estado es lo que al parecer es el elemento que causa toda la discusión. La Fiscalía, en cambio, no tuvo duda alguna sobre esta cuestión y lo que pedía al Supremo es que levante de inmediato la pena de inhabilitación –se encuentra en esa situación desde que se planteó la cuestión prejudicial al TJUE– y se le comunique esos extremos al Parlamento Europeo: «Oriol Junqueras no está actualmente sujeto a medida cautelar alguna, sino ejecutoriamente condenado», por lo que lo procedente es acordar la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación y comunicar «a la mayor brevedad posible» a la Cámara de Bruselas «la sentencia dictada contra él, a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de eurodiputado».

De esta forma, lo que para la Fiscalía del Supremo está meridianamente claro, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, no lo ve de la misma manera. Sabe que su informe tendrá una trascendencia mucho más que jurídica, aunque la decisión final la tenga el Supremo.

Otra de las cuestiones que, según las mismas fuentes, los Servicios Jurídicos del Estado estarían analizando es la posibilidad de permitir que Junqueras salga unas horas de la prisión de LLedoners para trasladarse a la Junta Electoral Central, donde se le comunicaría su condición de eurodiputado y, a la vez, se le informaría de que en virtud de la sentencia debe cumplir la pena de inhabilitación, por lo que regresaría de inmediato a la cárcel.En todo caso, parece que el dictamen final de la Abogacía puede ir en la misma línea que ya mantuvo el pasado mes de junio, cuando abogó por permitirle salir de prisión para cumplimentar los trámites y regresar de inmediato a prisión.

Un aspecto relevante que todo este debate está pasando desapercibido es el hecho de en la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se abre la puerta para que Junqueras pueda continuar en prisión mientras se tramite la suspensión de inmunidad. El TJUE es claro cuando afirma que «si el tribunal nacional competente estima que debe mantenerse una medida de prisión provisional impuesta a una persona que haya adquirido la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad reconocida» en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión. Por tanto, si se puede mantener a un procesado en prisión provisional mientras se tramita en el Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad, mucho más si se trata ya de un condenado en firme a penas de inhabilitación.

Una vez que la Abogacía del Estado haya presentado su informe, la Sala Segunda del Tribunal Supremo será la que tenga que decidir sobre los efectos de la sentencia del TJUE y de si, en última instancia, permite a Junqueras recoger el acta de eurodiputado y, en su caso, cómo.

Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se pronunció ayer sobre cuándo presentará su dictamen la Agogacía. Lo hizo en una entrevista en la Cadena Ser, en la que justificó los motivos por los que todavía no lo ha presentado. En este sentido, aseguró que se trata de un la Abogacía del Estado para defender que se trata de un proceso judicial «complicado» que requiere «prudencia» y «respeto». «A todo el mundo le han entrado unas prisas tremendas. No sé muy bien por qué, porque el plazo para presentar recursos que ha dado el Tribunal Supremo, no el Gobierno, es un plazo de cinco días», aseguró Robles en esa entrevista recogida por Ep.

En este sentido, Robles insistió en que «el plazo termina el día 2» y avisó, «como jurista» que es, de que «los plazos previstos en la ley pueden apurarse hasta el final». «Que todo el mundo tenga la máxima conciencia de que el Gobierno tienen el máximo respeto a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado», apostilló.

«La prudencia en el mundo del derecho a la hora de estudiar las cosas es muy valorable. Con el máximo respeto a la Fiscalía, yo creo que la prudencia en la presentación de escritos en el ámbito del derecho es muy importante”, reacalcó. Además, ha aseguró que no existe ninguna «explicación política» al hecho de que la Abogacía todavía no se haya pronunciado, e insistió en que los procedimientos judiciales como este son complicados, ya que es la primera vez que el TJUE se pronuncia en este sentido.