Sus señorías sí tienen que trabajar en Navidad

Las vacaciones son una justa recompensa al trabajo realizado. Todo trabajador tiene derecho a ellas. Tras la constitución del Congreso y del Senado en medio de un bochornoso espectáculo, las cámaras de representación de la soberanía nacional echaron a rodar pero con un pie atado. Sin gobierno y sin un horizonte claro de su formación, el fantasma de la parálisis legislativa vuelve a planear sobre las Cortes y todavía más con el periodo de vacaciones de navidad a la vista.

Es tal la preocupación que existe entre los políticos españoles a que aumente la sensación de que no trabajan –tras cuatro procesos electorales en cuatro años– que en octubre, en plena precampaña electoral, el presidente en funciones Pedro Sánchez aseguró que «si tenemos una mayoría suficiente a partir del 10 de noviembre, habrá gobierno en diciembre; pediremos a la presidenta o presidente del Congreso de los Diputados que no haya vacaciones parlamentarias en diciembre y en enero, porque tenemos que aprobar el techo de gasto».

Desde que entró en vigor la Constitución Española de 1978, diciembre siempre ha sido un mes hábil a efectos parlamentarios. Lo garantiza el artículo 73 de la Carta Magna, donde se dispone: «Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre y el segundo, de febrero a junio». Por su parte, el Reglamento del Congreso de los Diputados recoge este criterio en términos similares en su artículo 61.1: «El Congreso se reunirá anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio».

Pero, además, aunque no forme parte del periodo ordinario de sesiones, enero también es un mes con actividad parlamentaria. Es habitual que se celebren sesiones de la Diputación Permanente, no es extraño que en ocasiones se convoquen comisiones extraordinarias y a veces tienen lugar plenos extraordinarios. Para ello, la Constitución establece que «las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras».

Así lo refrendan igualmente los reglamentos del Congreso y del Senado. De hecho, en la XII legislatura, el Congreso celebró el 20 de diciembre su último pleno del año y los diputados volvieron a reunirse el 22 de enero en otra sesión plenaria, convocada con carácter extraordinario. Es decir, lo de las vacaciones parlamentarias es una falacia ya que realmente no hay ninguna normativa que así lo recoja.

Pero además, a pesar a la escasa actividad parlamentaria que se registra en la Cámara Baja, los diputados reciben puntualmente su salario. Sobre este aspecto no existe debate alguno. Desde el primer día que son elegidos, es decir, tras las elecciones, en este caso el 11 de noviembre, empiezan a percibir su retribución económica. Los nuevos dueños de los escaños del Congreso cobrarán su primera retribución a finales de este mes de diciembre –en torno a 4.903, dependiendo si están o no elegidos por la circunscripción de Madrid–. Aunque generan sueldo desde que fueron elegidos. Por lo que en esa primera nómina se incluirá también la cantidad correspondiente a los días que median entre el 11 y el 30 de noviembre.

La asignación básica será de 2.972,94 euros brutos al mes, igual para todos los diputados, a la que se suman complementos en función de su papel en la Cámara y una indemnización neta (sin impuestos) por gastos derivados de su actividad parlamentaria en la capital: 917.03 euros al mes para los electos por Madrid y 1.921,20 euros para el resto. Dado que la mayoría de los diputados provienen de fuera de la capital, con el objetivo de calcular a cuánto asciende el monto que desembolsará al final de este mes el Congreso de los diputados para pagar las nóminas, se ha tomado como referencia esta última cantidad, es decir, de media cada diputado cobra 4.903 euros.

Por lo tanto, durante los 51 días que han transcurrido desde que tomaron asiento, la Cámara Baja desembolsará al menos 3.118.500 euros. Al menos, ya que en este cálculo realizado por LA RAZÓN no se incluyen los complementos para gastos de representación y de libre disposición en función del cargo parlamentario que desempeñen. Los máximos son los que perciben los portavoces de los grupos parlamentarios (2.819,97 euros al mes) y los cuatro vicepresidentes de la Cámara (3.060,92), hasta llegar a los 9.651,04 euros extra que se reservan a la Presidencia de la Mesa. Por ejemplo, durante estos 51 días, la actual presidenta, la socialista Meritxell Batet, habrá percibido en torno a 26.197 euros por su labor al frente de la Cámara Baja.