La Abogacía rechaza «presiones» y «amenazas» en sus alegaciones sobre Junqueras

Está en boca de todos. Y eso, a una institución acostumbrada a vivir de espaldas a la notoriedad ha terminado por agotarle la paciencia. El consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado ha salido al paso, en plena jornada dominical, del huracán político y mediático latente a escasas horas de que, previsiblemente este mismo lunes, los Servicios Jurídicos del Estado se pronuncien sobre los efectos del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a la inmunidad de Oriol Junqueras.

En un breve pero contundente comunicado, la asociación que representa los intereses profesionales y corporativos de los abogados del Estado en nuestro país rechaza «cualquier intento de injerencia o presión, y especialmente de amenaza, que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado».

Además, el órgano directivo defiende que los abogados del Estado están obligados a actuar en la elaboración de escritos procesales e informes «con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos». «Somos –recalcan– profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho». «Eso es lo que nos une», añaden.

El inusual paso adelante de los abogados del Estado posicionándose en contra de cualquier intento de condicionar sus funciones se produce en un contexto en el que ERC ha supeditado públicamente su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez –con la necesaria abstención de los diputados republicanos– a un «gesto» que, a día de hoy, se focaliza en las alegaciones de la Abogacía del Estado en el «caso Junqueras». Y es que horas después de que, el pasado día 19, el TJUE hiciera pública su sentencia sobre el líder de ERC, el tribunal del «procés», presidido por el magistrado Manuel Marchena, dio cinco días hábiles a las partes para que se pronunciaran sobre el alcance de esa resolución respecto a Junqueras, condenado ya en sentencia firme.

El TJUE concluyó que Junqueras adquirió la condición de eurodiputado nada más ser proclamados oficialmente, el 13 de junio, los resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo. En esas fechas, en pleno juicio del «procés», el político independentista estaba en prisión provisional y el tribunal se opuso a que saliera de prisión para jurar o prometer acatar la Constitución (un requisito formal que el propio TJUE se ha encargado de descafeinar con su fallo) y para tomar posesión de su acta en la sesión inaugural del Parlamento Europeo el pasado 2 de julio. Entonces, a diferencia de la Fiscalía, la Abogacía se mostró favorable a permitir la salida de prisión de Junqueras para cumplir con el trámite de acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral.

La Fiscalía urge la inhabilitación

El tribunal, no obstante, se curó en salud y decidió preguntar al TJUE elevando una cuestión prejudicial al tribunal europeo, que se resolvió hace unos días y que obliga ahora al Supremo a mover ficha una vez escuchado el criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el resto de las partes.

El Ministerio Público apenas tardó unas horas en pronunciarse al respecto, reclamando la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación a la que fue condenado en sentencia firme y la comunicación urgente al Parlamento Europeo de esa sentencia para «que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de eurodiputado». Y es que la Fiscalía hace hincapié en que, a diferencia de lo que sucedía cuando el Supremo elevó al TJUE la cuestión prejudicial, el líder de ERC «no está actualmente sujeto a medida cautelar alguna», sino que ya ha sido condenado.

La defensa de Junqueras, por el contrario, solicitó el reconocimiento de su inmunidad, su puesta en libertad y la anulación de la sentencia en la que fue condenado.

Ahora, le llega al turno a la Abogacía del Estado en una decisión procesal erizada de repercusiones políticas. Por un lado, podría optar –en la línea de su posicionamiento respecto a la petición de Junqueras de salir de prisión para tramitar su acta de europarlamentario– por avalar su excarcelación para que pueda acudir a que la Junta Electoral Central le ratifique su condición de eurodiputado para, a renglón seguido, comunicarle la pena de inhabilitación que pesa sobre él, con lo que se vería despojado de la misma y regresaría a prisión.

El propio TJUE contempla en su sentencia la posibilidad de que, pese a la adquisición sobrevenida de la condición de eurodiputado, y de la consiguiente inmunidad, el tribunal competente decida mantener la prisión provisional. En ese caso, matiza, debe solicitar la suspensión de la inmunidad al Parlamento Europeo «a la mayor brevedad».

Un paso más allá, sin duda, supondría que la Abogacía se mostrase partidaria de tramitar el suplicatorio ante el Parlamento Europeo manteniendo en prisión a Junqueras, o incluso dejándole en libertad en espera de esa decisión, que podría durar meses.