El desafío independentista

El apunte de Francisco Marhuenda: “La inhabilitación de Torra y las prisas de Sánchez”

Torra ante la decisión de la JEC sobre Junqueras: "Vivimos en una democracia tan solo aparente"
El presidente del Govern, Quim Torra, tras la reunión extraordinaria del Govern por la decisión de la JEClarazonEUROPA PRESS

A mucha gente le sorprendieron las prisas de Sánchez, pero la explicación ha llegado este viernes con la decisión de la Junta Electoral Central de dejar sin efecto la credencial de diputado electo al Parlament de Cataluña de Joaquim Torra, presidente de la Generalitat, así como retirar la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras. Es evidente que si la sesión de investidura se hubiera celebrado la próxima semana no hubiera sido posible que ERC se abstuviera. Una vez más, Sánchez demuestra que es el más listo e incluso es posible que la maniobra le salga bien. No es casual que el PSOE haya arremetido contra la Junta Electoral al igual que ha hecho el independentismo así como los juristas de izquierdas que preferirían que la Junta Electoral se hubiera sometido a los intereses partidistas como hizo, desgraciadamente, la abogacía del Estado.

Es cierto que lo que está sucediendo desde la sentencia del Supremo debilita la posición de España en las instancias judiciales europeas y el Parlamento Europeo donde contemplan como el futuro gobierno se negocia con el líder de un partido que está en la cárcel por una condena firme del Tribunal Supremo. Es lo que se pudo comprobar con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde influyeron, sin lugar a dudas, las cuestiones extrajudiciales así como gracias la sentencia del TS donde la rebelión se convirtió en una sedición aderezada además de esa teoría de la ensoñación que coincide con las posiciones defendidas por el independentismo. Por otra parte, nuestra interlocución ante la UE no puede ser más frágil y esperpéntica.

La simple lectura del acuerdo entre el PSOE y ERC es el mejor argumento de defensa para los independentistas. Un grave atentado contra el orden constitucional se ha transformado en un conflicto político y como es normal las instancias judiciales y políticas comunitarias pensaran que lo más adecuado es que lo resuelvan en el ámbito político. Si España no se defiende frente a los que quieren destruirla no le corresponde a la UE ser nuestro salvavidas. La situación no puede ser más esperpéntica, aunque afortunadamente algunas instituciones que no son controladas de forma partidistas funcionan con independencia y coherencia jurídica.

Torra ha sido inhabilitado en base al artículo 62 b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que afecta a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por un delito contra la administración pública o las instituciones del Estado. No es consecuencia de una interpretación partidista o aviesa de la norma. Torra se negó a cumplir una resolución judicial porque se consideraba por encima de la ley. Este artículo fue modificado, precisamente, en el año 2011 por unanimidad cuando gobernaba el PSOE para ampliar la previsión establecida para los terroristas a otro tipo de delitos y especialmente contra los corruptos. Nadie lo cuestionó entonces. ¿Por qué lo hacen ahora los socialistas? Por la sencilla razón de que puede poner en peligro la investidura de Sánchez. La política española y sus instituciones se han convertido en una almoneda donde se cuestiona el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional en beneficio de los intereses partidistas del PSOE. ERC ha convocado este sábado un comité ejecutivo extraordinario y Torra una sesión del Parlament también extraordinaria a la vez que ordenó que se arriara la bandera de España del Palau de la Generalitat. Es triste decirlo pero estos son los políticos con los que quiere negociar Sánchez y de los que hace unos meses abominaba. Me gustaría que hubiera un gobierno, pero que fuera del PSOE constitucionalista y Sánchez todavía está a tiempo de tejer complicidades con otras formaciones.