Investidura al abismo

La situación política no puede ser más excepcional y la postura que ayer fijaron todos los partidos en la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez no pudo ser más previsible. Mucho mitin y pocos hechos. Mucha retórica de partido y pocas respuestas a los grandes interrogantes sobre el acuerdo del PSOE con ERC que sostendrá al nuevo Gobierno. Hasta que llegó ERC y puso algo de luz a la ambigüedad de Sánchez: bilateralidad de igual a igual, desactivación de los tribunales y consulta y refrendo del pueblo catalán. O Sánchez cumple,o ERC tumbará la Legislatura. El gran protagonista de la jornada fue Gabriel Rufián, que exhibió sus «medallas» por haber conseguido llevar al Congreso, como socio del candidato a la investidura, la legitimación de las líneas rojas del secesionismo. Y por haberle doblado el pulso para que hable de política y de diálogo y renuncie a todas sus posiciones sobre Cataluña. Un Rufián chulesco, venido arriba, y sabedor de que tiene el control de la situación.

El PSOE afrontó la jornada desde primera hora de la mañana con el convencimiento de que los números le seguirían dando en segunda votación con la ayuda de ERC, pese a la resolución de la Junta Electoral Central a favor de la inhabilitación de Quim Torra y la retirada de la inmunidad a Oriol Junqueras, a costa, eso sí, de que quedara claro que ésta es, simbólicamente, la investidura de Junqueras porque ha conseguido imponer sus condiciones en la sede de la soberanía nacional sin ceder ni siquiera en asumir el compromiso de apoyar los Presupuestos socialistas.

Pero la decisión por sorpresa de la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, de votar en contra, enfrentándose al criterio fijado por su partido, convierte si cabe en más agónica la votación del próximo martes. Anoche terminó el debate con dos votos de diferencia a favor de Sánchez: 167 síes frente a 165 noes. Para sacar adelante la investidura necesita en segunda votación más síes que noes, por lo que bastaría con que cambiara de posición un solo voto para que todo el «castillo» socialista saltara por los aires.

El candidato Sánchez trató de surfear sus contradicciones y cesiones con la estrategia de soplar y sorber al mismo tiempo. Defendió la Constitución y España «tal y como está», a la vez que certificó en la sede de la soberanía nacional la aceptación del relato independentista y de sus principales exigencias: la bilateralidad, el diálogo de Nación a Nación, aunque intentó enmascararla con el engaño de presentarla como una relación en el mimo nivel que la que mantiene con las demás comunidades autónomas; la consulta, que el secesionismo plantea como camino para alcanzar el referéndum de autodeterminación; y que la Justicia se haga a un lado para no entorpecer la política.

Hasta el punto de que Sánchez y el PSOE se presentaron en el Congreso con el discurso combativo de ERC, monocorde, contra la Junta Electoral Central y los ocho magistrados del Tribunal Supremo que la componen, y aventando el mantra de que hay una ofensiva del Estado español contra el nuevo Gobierno. Cuando Sánchez, como presidente en funciones, tiene entre sus principales obligaciones defender y prestigiar a las instituciones del Estado español y no utilizarlas al servicio del interés de partido.

Sánchez no exhibió más programa que el de sus socios. Y en alianza con sus socios, Podemos y ERC, se parapetó en el mantra de la «derecha y la extrema derecha», en lo que apunta como el escudo que el nuevo Gobierno va a utilizar para poner sordina a la puesta en marcha de un proceso que no tiene más salida que encallar o activar la deconstrucción del modelo autonómico del 78, chocando inevitablemente contra la Constitución y el Estatuto de Cataluña.

El candidato socialista jugó con el lenguaje para no entrar en los detalles de su pacto. Para no explicar por qué el problema de convivencia se ha convertido en algo más de un mes en el conflicto político que enarbola el secesionismo. O aclarar en qué consiste la consulta que ha prometido a ERC o cómo va a combinar su defensa de la Constitución con la confirmación por parte de ERC, por boca de Gabriel Rufián, de que las referencias a la seguridad jurídica en el acuerdo firmado no aluden al marco legal español, ni a la Constitución, que no reconocen, sino al marco de seguridad jurídica europea.

Al debate le faltó nivel político y la altura de miras que exige una crisis política, territorial e institucional como la que vive España. El futuro vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, llegó a reconocer el marco discursivo del secesionismo hasta el punto de referirse a los políticos catalanes fugados de la Justicia española como «exiliados». Y la respuesta de la bancada socialista fue aplaudir calurosamente su discurso.

Sánchez superó ayer el primer trámite para conseguir el objetivo de sostenerse en La Moncloa, pero no fue capaz de escapar a la sensación de que está preso de las imposiciones extremas de Podemos en el ámbito ideológico y de las exigencias secesionistas, entre ellas, la desactivación de los tribunales en su acción contra el «procés» y la activación de un marco de negociación fuera de los cauces institucionales, en el limbo legal, lo que dificultará en el futuro el margen de recurso por parte de la oposición ante el Tribunal Constitucional de lo que se hable.

El bloque de la derecha no arriesgó con una jugada política, ofrecer otra salida alternativa, que hubiera cambiado la dinámica del debate y anulado la justificación de Sánchez de que su elección como socio del partido de Junqueras ha sido porque no tenía más camino. Hubiese sido sólo un movimiento político porque la posición de Sánchez no tiene marcha atrás, pero habría dinamitado el argumentario de Sánchez contra «las derechas». El pulso entre Casado y Abascal por el liderazgo de la oposición lo ganó Casado, que recuperó su perfil más duro. Pero queda abierta la incógnita sobre la capacidad de la derecha para coordinar su estrategia y de qué manera influirá en el PP la decisión de Vox de echarse a la calle.