El silencio culpable

El 22 de junio de 1978, ABC publicaba un artículo firmado por mi padre, José Utrera Molina, titulado «El silencio culpable». Comenzaban a conocerse detalles preocupantes de las negociaciones para la redacción del título VIII de la Constitución y merece la pena extraer un párrafo que, leído hoy, cuatro décadas después, resulta verdaderamente premonitorio. «El que afirma que el problema de aceptar o no la voz nacionalidades se reduce a una cuestión terminológica, o no tiene sentido de la política, ni de la Historia, o no obra de buena fe. En política no hay palabras inocuas cuando se pretende con ellas movilizar sentimientos. El término nacionalidad, remite a nación o Estado. Cuando alguien dice que ‘‘Cataluña es la nación europea sin Estado que ha sabido mantener mejor su identidad’’, resulta muy difícil no ver que se está denunciando una ‘‘privación del ser’’, que tiende ‘‘a ser colmado para alcanzar su perfección’’, y preparando una sutil concienciación para reclamar un día ese estado independiente a que la imparable dinámica del concepto de nacionalidad habrá de conducir hábilmente manejada».

Aquel profético artículo le granjeó entonces el desprecio e insulto de una clase política que, afanada en encontrar acomodo en las mullidas alfombras del consenso, le alistó para siempre en la caverna del inmovilismo, apartándole de la vida pública. Hoy podemos decir sin ambages, a la vista de la situación que vivimos, que algunos obraban de mala fe, y la mayoría con una carencia absoluta de sentido de la política y de la historia, abriendo un melón –el de las nacionalidades– que lejos de neutralizar al separatismo, no hizo sino darle unas alas que no tenía, fomentando el aldeanismo y la insolidaridad entre las distintas regiones de España.

La explosiva combinación entre un Título VIII jamás armonizado y una Ley Electoral hecha a medida de los nacionalistas, ha acelerado un proceso de centrifugación que amenaza seriamente la existencia de la nación más antigua de Europa. Las últimas cuatro décadas han sido escenario de una constante cesión al separatismo por parte de los partidos tradicionales que se han alternado en el poder, PP y PSOE, cada vez que han necesitado los votos de las minorías nacionalistas para una investidura.

Felipe González cedió en 1993 la corresponsabilidad fiscal (15% del IRPF) y dio paso a las primeras transferencias. Mucho mayor fue el precio que pagó el PP de Aznar en 1996: supresión de los gobiernos civiles (sustituidos por delegados del gobierno con muchas menos competencias), cesión de competencias de tráfico a los Mossos d’Esquadra, transferencias en justicia, educación, agricultura, cultura, farmacias, sanidad, empleo, puertos, medio ambiente, política lingüística y vivienda, además de la sustitución de los topónimos oficiales españoles de las ciudades vascas, catalanas y gallegas por los de sus lenguas vernáculas. En 2004 un irresponsable Zapatero llegó al poder de la mano de los independentistas catalanes prometiendo aceptar el Estatuto que aprobase el Parlament cuyo texto adolecía de una palmaria inconstitucionalidad, parte de la cual se tragó el Tribunal Constitucional en una sentencia salomónica que no contentó a nadie.

La abierta rebeldía que vive Cataluña no es sino el resultado de cuatro décadas de adoctrinamiento en la mentira más abyecta y en el odio a todo lo español por parte de una clase política, no ya mediocre, sino también instalada en una corrupción sistémica. Decía Camús que había una estrecha simbiosis entre el odio y la mentira y ya hace décadas el catalán universal Josep Pla se preguntaba si algún día tendrían en Cataluña «una auténtica y objetiva historia, que no contenga las memeces de las historias puramente románticas que van saliendo». El resultado es que hay toda una generación de catalanes instalados en un aldeanismo cerril que ya no atiende a los tradicionales estímulos económicos que otrora caracterizasen a sus paisanos.

Sin embargo, en los albores de 2020, lejos de tratar de combatir al separatismo con la fuerza de la ley, asistimos atónitos al dramático espectáculo de un presidente errático, mitómano y debilitado, dispuesto a dilapidar el Estado de Derecho y a reconocer naciones por doquier, otorgando mercedes imposibles con tal de mendigar el apoyo en la investidura de quienes están en abierta rebeldía contra España. Con no menos sorpresa nos contemplan el resto de las naciones de nuestro entorno, viendo cómo el gobierno de España negocia con quienes quieren destruirla como nación.

Ante esta coyuntura hay que afirmar una y mil veces, en alta voz, que la nación española es una e indivisible. España creó hace más de cinco siglos una nueva fórmula de comunidad humana, basada en una innegable realidad geográfica, cultural e histórica que hemos heredado de nuestros mayores y que debemos legar a nuestros hijos. Hay que armonizar la unidad y la diversidad, pero nadie tiene derecho a romper la unidad nacional porque eso sería una traición a nuestra historia y a nuestra libertad. Cataluña no es posible sin España y España dejaría de serlo sin Cataluña.

Callar cuando la unidad de España está en peligro es la peor de las cobardías. Yo, al menos -como hiciera mi padre hace ahora 42 años- no quiero dejar de sumar mi voz a las que ya se levantan frente al riesgo clarísimo de perderla. Quiero que se sepa que no todos los españoles estuvimos de acuerdo en quedarnos sin patria.