El TS pedirá retirar la inmunidad a Puigdemont y Junqueras

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont enfrentan una semana más que relevante en el Tribunal Supremo. Por un lado, la Sala que enjuició el «procés» deberá pronunciarse sobre los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció que es eurodiputado desde el mismo día de las elecciones al Parlamento Europeo y que, por tanto, goza de inmunidad; y, por otro lado, el instructor de esa causa, Pablo Llarena, resolverá sobre si mantiene o no las órdenes de detención y entrega del eurodiputado prófugo Carles Puigdemont. Lo que sí parece probable, según fuentes jurídicas, es que el Supremo instará a la Cámara europea que se inicien los trámites necesarios para retirar a ambos la inmunidad, que tendría como efecto directo que se empezar la tramitación para lograr que Puigdemont pudiese responder ante la Justicia española.

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a la libertad de Junqueras y pidió a la Sala Penal del Supremo que ejecutase la pena de 13 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público que se le impuso, además de otros tantos años de cárcel, por un delito de sedición. La pena de inhabilitación está suspendida desde que el mismo tribunal plantease al TJUE la cuestión prejudicial sobre si el dirigente de ERC tenía la condición de eurodiputado y gozaba de inmunidad. Por ello, entendía que no concurría ninguna razón para su excarcelación.

Cuando solo quedan unas horas para que ERC firme el pacto de Gobierno con Sánchez, ayer por la tarde paseaban por los pasillos de la cámara europea Puigdemont y Comín. Un equipo de Antena 3 Noticias les grabó en exclusiva y el corresponsal en Bruselas, Guillermo Pascual, pudo entrevistarles. «Es mucho más complejo que sellar un pacto en un despacho» dijo Puigdemont y advirtió «hay un pueblo que quiere votar, que quiere decidir su futuro y quiere ejercer su derecho a la autodeterminación. De esto no ha hablado el señor Sánchez, bueno, ha hablado para decir que esto no va a suceder, pues error». Añadió Puigdemont que «Pedro Sánchez aún no ha demostrado que de verdad quiera desjudicializar el conflicto». Una amenaza que lanzó minutos después de recoger su acta de diputado en la Eurocámara y que es un muestra más de la debilidad del Gobierno que ha pactado Sánchez y que hoy tendrá que ser ratificado.

Por otro lado, la reunión de la Junta Electoral Central que determinó por un margen muy estrecho de voto la inhabilitación como diputado autonómico de Quim Torra –lo que, en aplicación del Estatut conlleva también la pérdida de la presidencia de la Generalitat– y la pérdida de la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras, derivada de su condena a 13 años de prisión y otros tanto de inhabilitación para ocupar cargo público, dio para mucho.

Desde un debate «jurídico muy intenso» al intento de apartar a tres miembros de la JEC por parte de Torra y Junqueras, pasando por la «necesidad de comer» de sus integrantes, las posturas fijas desde un inicio que mantuvieron algunos de los componentes de la Junta y los recesos para cancelar billetes de tren o buscar alojamiento para esa noche en Madrid.

Así, antes de entrar en el fondo del debate, se abordó la recusación presentada contra el presidente de la Junta Electoral, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, y la de los vocales Carlos Vidal e Inés Olaizola, por entender que estaban «contaminados» por haber intervenido anteriormente en otra decisión que afectaba a Junqueras. La pretensión de apartarles fue rechazada por unanimidad.

Posteriormente, ya se entró en las dos cuestiones de fondo. En primer lugar, se abordó la impugnación del PP, a la que se sumó después Ciudadanos y VOX, de entender que Torra estaba inhabilitado como diputado catalán por su condena por desobediencia dictada anteriormente por el TSJ de Cataluña. En este punto, hubo cuatro vocales que desde el principio mantuvieron su rechazo, y que mantendrían la misma postura respecto a Oriol Junqueras: los catedráticos Consuelo Ramón Chornet, Juan Montabes Pereira –elegidos a propuesta del PSOE–, Inés Olaizola –a propuesta de Podemos– y el magistrado del TS José Luis Seoane , a los que se unión los también jueces del Supremo Vicente Sempere. y María Luz García Paredes. En cambio, la magistrada del Supremo Ana Ferrer votó a favor de estimar el recurso y resultó decisión para la decisión adoptada.

El argumento principal de quienes se opusieron a la inhabilitación de Torra no era sobre el fondo sino de entender que la competencia para resolver la cuestión no era de la Junta Electoral. Los seis firmarán un voto particular conjunto contra la decisión mayoritaria.

En cuanto a la pérdida de la condición de eurodiputado de Junqueras, Ana Ferrer se ausentó de la reunión, ya que concurría causa de abstención, al formar parte de la decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo sobre los efectos de la sentencia del TJUE respecto al líder de ERC. Los que votaron en contra fueron los citados Consuelo Ramón, Montalbes, Olaizola, Seoane y se unió el magistrado del Supremo Eduardo Porres Martín de Urbina. Las discrepancias aquí tampoco fueron de fondo, sino de considerar, según consta en el voto particular, que la decisión se debería posponer hasta conocer el fallo del TS respecto a los efectos de la sentencia del TJUE sobre Junqueras.

Al margen de las decisiones, las fuentes consultadas por la RAZON vinieron a coincidir en que fue un debate «jurídico de muy alto nivel», donde «ni hubo peleas ni calentamientos ni acoloramientos, solo exposiciones técnicas».

sea más a sumar. Ahora, falta por ver las consecuencias de esta decisión y de si el Parlament ejecuta lo ordenado por la Junta Electoral Central en el caso de Torra y de cómo influye en el «tribunal del Procés» lo acordado respecto a Junqueras.