Un informe sobre movilidad social publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2018, el mismo año en que nacieron Leo y Manuel, los dos mellizos de Pablo Iglesias e Irene Montero, señala que quienes ocupan la zona intermedia de la escala social tienen mayor riesgo de caer en la zona de ingresos bajos que probabilidades de ascender a niveles más altos de renta. Pero el flamante vicepresidente del Gobierno y la nueva ministra de Igualdad, ambos criados en familias de clase media trabajadora, han pulverizado esa teoría.

El líder de Podemos y la hasta ahora portavoz en el Congreso presentaron el mes pasado en la Cámara Baja su declaración de bienes. Entre ambos declararon poseer siete propiedades, una de ellas el lujoso chalet que se levanta sobre una parcela de 2.300 metros cuadrados en la localidad madrileña de Galapagar, a los pies de la sierra de Guadarrama, por el que han pagado 615.000 euros mediante una hipoteca con Caja de Ingenieros de 540.000 euros. Además, Iglesias declara unos ahorros de 92.000 euros y Montero de 136.000 euros. Si se aplica a rajatabla el compromiso adquirido en su día por Podemos, Iglesias y Montero sólo percibirían el equivalente a tres salarios mínimos, es decir, 2.700 euros cada uno. La cantidad restante, recuerdan en la formación de las confluencias, iría a engrosar las arcas del partido o se destinaría a organizaciones sociales.

La cuota de la hipoteca asciende a 2.000 euros mensuales, una cantidad que la pareja (41 años él, 31 años ella) abona sin mayores apuros gracias a sus elevados ingresos. Iglesias, que va a ocupar la vicepresidencia de Derechos Sociales, se embolsará a partir de ahora 78.000 euros anuales, o lo que es lo mismo: 12 mensualidades de 6.500 euros brutos cada una. Montero, que será ministra de Igualdad, ganará una cifra ligeramente inferior: 73.000 euros anuales, es decir, algo más de 6.000 euros brutos mensuales. En realidad, cobrarán algo más. Como ambos ocupan también sendos escaños en el Congreso por la circunscripción de Madrid, tienen derecho a ingresar una dieta de manutención de 870 euros mensuales (1.823 euros en el caso de los diputados de fuera de Madrid), cantidad que no tiene carácter salarial y está exenta de tributación. Lo que ninguno de los dos podrá cobrar es el sueldo de diputado, ya que la ley prohíbe percibir dos retribuciones públicas. En total, Iglesias y Montero recibirán del erario público más de 14.000 euros mensuales.

De tal palo...

Iglesias creció en el barrio obrero de Vallecas. Su madre, María Luisa, era abogada laboralista de Comisiones Obreras, y su padre, Javier, profesor de Historia. Ambos eran fieles militantes del Partido Comunista de España (PCE), y el padre llegó a ser detenido y encarcelado por su militancia antifranquista en la última etapa de la dictadura. Con esos mimbres, el joven Pablo se alistó en las filas de las Juventudes Comunistas, y más tarde, tras cursar la carrera de Ciencias Políticas en la Complutense, fue profesor en esa misma facultad, con un modesto sueldo, de las asignaturas Geografía Política y Geopolítica de América Latina.

Montero se crió en el barrio de Moratalaz, limítrofe con Vallecas, y su pasión por la política también se manifestó a una edad temprana. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, no se le conoce otra actividad remunerada que la política, si exceptuamos que entre 2010 y 2011 trabajó, a cambio de un escaso salario, en Saturn, una cadena de establecimientos dedicada a la venta de electrodomésticos y electrónica, posteriormente absorbida por Media Markt. Pero las estrecheces se acabaron a partir de 2014. El líder de Podemos fue elegido eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo, y, paradójicamente, ganaba más entonces de lo que ahora va a ingresar como vicepresidente del Gobierno: más de 8.000 euros al mes. Lo mismo se puede decir de Montero. Su sueldo de diputada en el Congreso superaba los 7.000 euros mensuales, ya que a su retribución como diputada electa (2.813 euros) sumaba las portavocías del grupo parlamentario (2.667 euros) y de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (697 euros), además de los ya citados 870 euros en concepto de manutención.