Sánchez coloca a Delgado como fiscal general del Estado para “desjudicializar” el procés

La ex ministra de Justicia pasará a ser fiscal general del Estado en un caso sin precedentes. Según confirmaron fuentes del Gobierno, Dolores Delgado sería la elegida para sustituir a María José Segarra. A pesar de que se habían barajado otros nombres, Sánchez se decanta finalmente por la ex ministra, que había quedado fuera del actual Ejecutivo. Su nombramiento ha sido toda una sorpresa, pues si se daba por seguro la salida de María José Segarra al frente de la Fiscalía General, lo que pocos o nadie podía imaginar es que sería Dolores Delgado. El Consejo General del Poder Judicial celebrará de forma inmedidata un pleno para informar que cumple con todos los requisitos para acceder a ese cargo.

Dolores Delgado fue la artífice de que que la Abogacía del Estado cambiase la acusación de rebelión por sedición contra los dirigentes del “procés” que fueron juzgados y que motivó la salida del entonces responsable de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal. También la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, tuvo el “gesto” solicitado por ERC al informar a favor de que Oriol Junqueras pudiese ir al Parlamento europeo a recoger el acta de eurodiputado. Sus argumentos fueron criticados con dureza y rechazados de plano por la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Ahora, como principal responsable del Ministerio Público, tendrá la última palabra sobre la posición de la Fiscalía en temas tan relevantes como la progresión de grados de los condenaods por el “procés", toda vez que es la única parte que puede impugnar una decisión en ese sentido.

Las reacciones a su designación no se han hecho esperar. Así, la Asociación de Fiscales no dudó en tildar de ser un nombramiento que “nos disgusta enormemente por las implicaciones que supuestamente conlleva”. Cristina Dexeus, presidenta de la AF, asociación mayoritaria de fiscales, destacó, en declaraciones a LA RAZÓN, que este nombramiento “pretende dar al traste con la independencia de la Fiscalía y pone de relieve la intención de ‘marcar’ y controlar a los fiscales desde el Gobierno”.

Fiscales del Tribunal Supremo que pidieron mantener el anonimato también criticaron con dureza este nombramiento. “No parece razonable que quien está desacreditada por su nula gestión como minstra pueda ser premiada como el cargo de fiscal general”, señaló un fiscal del Alto Tribunal.

Además, sostienen también algunos fiscales, parece que con esta designación “lo que se pretende es maniatar a al Fiscalía en el asunto del ‘procés’, como se ha hecho con la Abogacía del Estado”, a la vez que se añade que el hecho de poner al frente de la Fiscalía General a quien procede de un alto cargo político, aunque sea fiscal, “lo que pone de maniifiesto es un claro intento de controlarnos”.

En qué sentido se resuelvan las numerosas causas abiertas que afectan a la dinámica catalana, así como la posición que adopten las instancias dependientes o que representan al Estado, tendrán una implicación directa sobre las relaciones bilaterales que tanto Gobierno como Generalitat se han propuesto reforzar en esta legislatura. El compromiso de Sánchez –en el pacto de investidura rubricado con Esquerra Republicana– de «no judicializar la política» tendrá un efecto inmediato en la renovación de puestos clave de estas instancias.

La actuación de Segarra en todo lo relacionado con el «desafío independentista» catalán no ha dejado lugar a dudas: desde el primer momento respaldó el criterio de los fiscales asignados a esa causa. No dudó en avalar la acusación por rebelión y en oponerse a todos los recursos de los dirigentes del «procés» e incluso pedir que tuviesen que cumplir la mitad de la pena antes de que pudiesen acceder al tercer grado.

En ningún momento se dejó amedrentar por nadie y los «tiempos políticos» no le han influido lo más mínimo. Ello le mereció no pocas críticas desde el independentismo catalán. Si éste esperaba algún gesto se ha dado de bruces una y otra vez. Como sostiene Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), «pese a no compartir con ella muchas de sus decisiones, sí debo destacar que no ha interferido en la actuación de los fiscales de la causa especial del ‘procés, lo que ha sido relevante para la institución».

Uno de los grandes retos a los que tendrá que hacer frente Dolores Delgado, y que constituirá la «prueba» del algodón, será la posición que mantenga el Ministerio Público en todo lo relacionado con la situación penitenciaria de los condenados del «procés», en especial si les concede el 100.2 o una progresión de grado, es decir, si recurrirá esas decisiones – se trata de un segundo grado que introduce el llamado principio de flexibilidad, adoptando respecto a cada penado un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados de clasificación. Ello permite incorporar progresivamente al Medio Abierto penados clasificados en segundo grado de tratamiento–.

Junto a ello, habrá que estar muy atento a la política de nombramientos, algo que resulta decisivo. Pero, quizás, y por encima de todo, está el reto de lograr una auténtica independencia de la Fiscalía General del Estado respecto del Poder Legislativo. Como sostiene la representante de la Asociación de Fiscales, hay que «potenciar la independencia de la Fiscalía General del Estado, exigir la autonomía presupuestaria y de gestión respecto del Ministerio de Justicia y la competencia exclusiva en materia de formación de los fiscales».

En cuanto a lo que puede derivarse de todo lo relacionado con el «procés» y lo que pueda producirse a partir de ahora, Dexeus lo tiene claro: «Si se producen hechos que revisten carácter delictivo y existen pruebas de su autonomía, debemos perseguirlos, sin que cuestiones ajenas al ámbito jurídico penal interfieran en esta labor y el cargo del fiscal general del Estado también está vinculado a estos principios».