Puigdemont insta a Llarena a retirar el suplicatorio y remitir la causa a Barcelona

El ex president considera que el magistrado no es competente al no ser aforado tras renunciar a su escaño en el Parlament

Carles Puigdemont reclama al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del “procés”, que retire el suplicatorio remitido al Parlamento Europeo para que se suspenda su inmunidad y seguir tramitando así la OEDE contra el ex presidente de la Generalitat. En su recurso, el eurodiputado niega que el magistrado sea competente para investigarle una vez formalizada su renuncia a su escaño en el Parlament y le insta a remitir la causa a los juzgados de Barcelona.

“A lo largo de más de dos años -sostiene su abogado, Gonzalo Boye, en el escrito- ha venido pretendiendo sostener que es competente para conocer de esta causa sobre la base de la condición de diputados al Parlament de Cataluña de alguno de los encausados”. El letrado hace hincapié en que a día de hoy ninguno de los encausados ostenta “cargo público alguno que pueda conllevar ningún tipo de aforamiento” y recuerda que en las causas con aforados no es hasta el auto de apertura de juicio oral cuando “queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento”. En esa misma línea, añade que la “pieza separada de rebeldes” en la que está encausado Puigdemont no mantiene “ningún tipo de relación con la pieza principal”, que ya fue juzgada por el Tribunal Supremo en el juicio del “procés”.

La defensa del líder independentista insiste en que “ningún precepto legal” estipula que los eurodiputados estén aforados ante el Tribunal Supremo (TS) ni ante ningún otro órgano jurisdiccional. El letrado sostiene que una cosa es que Puigdemont goce de inmunidad como eurodiputado y otra bien distinta que esté aforado ante un determinado tribunal, y señala a Llarena por “confundir interesadamente inmunidades con aforamientos".

Al despojarle de esa competencia, el ex president apremia al magistrado del Supremo a remitir las actuaciones a los juzgados de Barcelona. En consecuencia, considera que Llarena tampoco era competente para pedir el suplicatorio, “cursado con prisas y sin traducción”, al Parlamento Europeo, “lo que determina la nulidad de la resolución impugnada”. La autoridad competente para solicitarlo, mantiene esgrimiendo un dictamen del Consejo de Estado, es el Ministerio de Justicia a través del embajador español ante la UE

De no acceder a sus pretensiones y tener “alguna duda al respecto”, Puigdemont pide al instructor que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como hizo el tribunal del “procés” respecto al alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado.

“Persecución política”

El ex president aprovecha el escrito, además, para sacar pecho tras la reciente sentencia del TJUE sobre Junqueras y desliza irónicamente su confianza en que “no sea necesario llegar una vez más hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para acreditar que tenemos razón con el perjuicio que ello conlleva para la imagen de la Administración de Justicia de España”.

Para la defensa del líder independentista, la investigación contra él es una “persecución política evidente” que solo persigue impedirle el ejercicio de su cargo como eurodiputado, atribuyéndole incluso “una violencia” que, en su opinión, “es atribuible únicamente” a las Fuerzas de Seguridad en la jornada del referéndum ilegal del 1-O, por lo que califica esa imputación (parafraseando la polémica definición del “procés” por parte del Tribunal Supremo en la sentencia en la que condenó a los líderes independentistas) de “verdadera ensoñación”.

Para el abogado de Puigdemont, la solicitud del suplicatorio es el último eslabón de una instrucción que, denuncia, solo ha tenido por objeto “apartar ilegalmente” al fugado ex president “de cualquier cargo de representación política”, erigiendo a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en “un verdadero Consejo de Guardianes para determinar, sin necesidad siquiera de enjuiciamiento previo, quién tiene derecho a resultar electo o a ejercer cargos de representación política”.