Los barones del PP siguen esperando una llamada de Sánchez

Los Gobiernos autonómicos del PP o que dirigen en coalición PP y Ciudadanos están a la espera de recibir una llamada de La Moncloa que concrete el compromiso de Pedro Sánchez de abrir una ronda de contactos con todas las comunidades autónomas.

La desconfianza es manifiesta. Creen que pueden acabar sirviendo simplemente como coartada para justificar la posición preferente de Quim Torra, como pieza básica para que eche a andar la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat. De la que depende, a su vez, la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que necesita Sánchez para hacer viable su Legislatura.

La agenda de los dirigentes autonómicos de la oposición está llena de cuestiones pendientes. Cuestiones desatendidas en los meses de gobierno de Sánchez desde la moción de censura, y que coinciden en tener como prioridad el debate sobre la financiación autonómica.

Desde algunas de las baronías populares también han advertido de que Sánchez no puede plantear una relación bilateral con Torra si no fuerza que la Generalitat se siente a su vez dentro de los órganos multilaterales en los que deben discutirse sobre aquellas materias que afectan a todas las comunidades.

Por ejemplo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se debaten las cuestiones relacionadas con la financiación autonómica. Desde que el independentismo se echó al monte estos órganos multilaterales han dejado de estar presentes en su agenda. Así ha ocurrido con el CPFF o también con la Conferencia de Presidentes.

La desconfianza o la convicción de que recibirán un trato discriminatorio con respecto al que Sánchez va a conceder a la Generalitat no es razón para que las comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos se planteen boicotear el diálogo territorial. Consideran que por encima de la pelea política está su obligación de defender los intereses de sus representados, y, por tanto, acudirán a todas las convocatorias que realice Moncloa.

Aunque también alertan de que están a la espera de ver en qué condiciones se pone en marcha la mesa de negociación bilateral entre Gobiernos para fiscalizar si hay decisiones que rompan con el principio de igualdad y solidaridad.

El pasado fin de semana el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, adelantó que su posición de partida en esta nueva etapa parte del principio de que «sus paisanos» tienen los mismos derechos que los catalanes y que el resto de españoles, y que ésta debe ser la base de cualquier nuevo proceso de revisión del modelo autonómico , una vez que Sánchez ha aceptado entrar en este juego en atención a la exigencia de ERC para abstenerse en la investidura.

La reforma de la financiación es un reto muy complicado de afrontar por los intereses opuestos de las comunidades y porque abrir ese melón siempre exige dotar de más fondos al sistema. Nadie está por la labor de aceptar que se rompa el principio del «café para todos».