Sánchez busca el control del Constitucional para preparar el “derecho a decidir” de Cataluña

Las críticas por la decisión del Gobierno de situar a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado venían a coincidir en dos puntos esenciales: el hecho de pasar sin espacio de continuidad del Ministerio de Justicia a responsable del Ministerio Público y al papel determinante que puede jugar en la postura que mantenga a partir de ahora la Fiscalía en la ejecución de la sentencia del «procés», principalmente en lo relativo a la progresión de grados de los condenados, informes de permisos, causas en las que está involucrado el PP, etc. El objetivo final es contribuir, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a «desjudicializar la política», especialmente en todo lo referente al desafío soberanista catalán.

Y aquí entra en juego otra institución que resultará clave en poco tiempo: el Tribunal Constitucional. En sus manos está la resolución de no pocos recursos de relevancia que, en su día, fueron impugnados por el propio Gobierno. Algunos de los más relevantes se refieren a resoluciones del Parlament en las que se reconocía el «derecho a decidir», es decir, avalar un referéndum de autodeterminación, y se critica al Rey Felipe VI. Son resoluciones de la Cámara catalana que actualmente están suspendidas pero sobre las que no hay todavía una decisión en el fondo. Los fallos del TC, qué duda cabe, tendrán una relevante repercusión en esa pretensión de «desjudicializar la política».

Pero para que se pueda producir un cambio en la mayoría actualmente «conservadora» del Tribunal Constitucional es indispensable un acuerdo de renovación entre PP y PSOE y que los populares «cedan» en uno de los dos magistrados, pues se da por seguro que PSOE mantendrá los dos y la incógnita es si el cuarto será de «consenso» o el PP no cejará y exigirá mantener la misma cuota que tiene en estos momentos. El mandato legal del actual presidente del TC, Juan José González Rivas, y de los magistrados Andrés Ollero –propuestos por el PP–, Encarnación Roca y Fernando Valdés –propuestos por el PSOE– venció el 7 de noviembre, aunque el «mandato constitucional» vencería en julio de este año, ya que fueron designados en ese mes de 2011. Sin embargo, una reforma de la Ley Orgánica, aprobada bajo la presidencia de María Emilia Casas, hizo que se computara a los magistrados el tiempo excedido en la renovación.

Por tanto, para que pueda seguir existiendo una mayoría «conservadora» es indispensable que el PP mantenga la propuesta de dos de esos cuatro magistrados a renovar. Si ello fuese así, la presidencia podría recaer en Pedro González Trevijano o Santiago Martínez-Vares, quienes, junto a Juan Antonio Xiol y Antonio Narváez, integran el «siguiente turno» que abandonará el Tribunal Constitucional.

Si, por el contrario, el PP mantiene solo uno, perdería la mayoría y se podría producir un «empate» entre «conservadores» y «progresista». En este escenario, el nombre que podría resultar más beneficiado sería el de Juan Antonio Xiol, aunque por edad correspondería a Santiago Martínez-Vares. La «carta escondida» sería la de Cándido Conde-Pumpido, aunque en estos momentos es una opción más que remota.

Sin embargo, donde sí se producirá un cambio de tendencia en el Tribunal Constitucional será a partir de julio de 2022. En esas fechas, se tendrá que llevar a cabo la renovación de los dos magistrados nombrados por el Gobierno y de otros tantos por el Consejo General del Poder Judicial. En este caso, no habrá retraso de ningún tipo y el Alto Tribuna contará desde entonces con una clara mayoría «progresista», toda vez que saldrán González Trevijano y Antonio Narváez, nombrados por el Gobierno del PP, así como Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, designados a instancias del CGPJ. Xiol fue uno de los tres magistrados que rompió la unanimidad existente hasta entonces en todo lo relacionado con el «procés» al apoyar el recurso de Junqueras contra la decisión de la jueza Carmen Lamela de ordenar su encarcelamiento.

El Gobierno del PSOE nombrará directamente a dos magistrados y otro de los propuestos por el CGPJ será también «progresista», lo que llevará a que se altere la actual mayoría.

En esas fechas Iglesias respalda y asume la propuesta de Delgado como fiscal general as, no parece haber dudas y todas las fuentes consultadas vienen a coincidir en que el presidente del TC no será otro que Cándido Conde-Pumpido, salvo que un giro de última hora le pueda conducir a otras altas instancias judiciales.

Por tanto, y a la espera de lo que pueda suceder con el Consejo General del Poder Judicial y la designación de su presidente, que lo será también del Tribunal Supremo, en las principales instituciones judiciales habrá una clara «sintonía» ideológica: Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado y, por último, el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la posición del PP sobre la renovación pendiente es tajante. La condición innegociable es que se vuelva «al modelo anterior», afirman. Es decir, «que los jueces elijan a los jueces. Despolitizar la Justicia, no judicializar la política». Esta reforma ya iba en el programa electoral del PP anterior a Casado, pero no se cumplió cuando llegaron al Gobierno. Ahora el nuevo PP marca distancias con ese incumplimiento de los Gobiernos de Rajoy y recuerda que en noviembre de 2018 Casado presentó en el Senado una enmienda para reformar la ley orgánica del Poder Judicial «para volver al sistema que consagra la Constitución y fortalecer la independencia judicial». Y es eso, o nada.