Nuevo éxodo de jueces en Cataluña: 38 se fueron en 2019

El pasado año estuvo marcado a nivel judicial por el juicio del «procés» y 2019 ha continuado la senda marcada años atrás de que los jueces no tienen ahora estímulos suficientes para solicitar Cataluña como primer destino o regresar a las sedes jurisdiccionales de esa comunidad autónoma. Los datos, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, son contundentes al respecto: sólo nueve solicitaron en concursos voluntarios una plaza en juzgados o tribunales de Cataluña, mientras que, por el contrario, los abandonaron 38. Es decir, se produjo un déficit de 29 jueces. Sin embargo, estos datos se ven algo maquillados si se incluyen los concursos forzosos, principalmente jueces que acaban de salir de la Escuela Judicial y que van a Cataluña en «concursos forzados», es decir, porque no les queda más opción. Si se cuentan los que han llegado en esta situación, el cómputo sería que habrían llegado 35 frente a los 38 que lo dejaron. Esa situación se refleja en que el 30 por ciento de las vacantes judiciales esté en esa comunidad.

Y en todo ello, la situación política y la presión independentista sobre el colectivo judicial y fiscal es claramente uno de los factores desencadenantes de esa situación. Así, Patricia Batlle, magistrada de Primera Instancia e Instrucción de Gavá (Barcelona), no tiene dudas de que «es indudable que el independentismo catalán ha llevado consigo una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial, que ha venido acrecentando la falta de jueces en Cataluña y que ha convertido Cataluña en un territorio poco amable en el que desempeñar nuestras funciones, donde se ha puesto en duda nuestra independencia y se han llevado a cabo acciones radicales a muchos de nuestros juzgados».

Por ello, entiende que sería necesario adoptar una serie de medidas para paliar esa situación y evitar una «desertización del Poder Judicial del Cataluña». Entre esas medidas considera positivo instaurar un complemento económico por las «especiales dificultades o circunstancias de estos destinos». Pero sobre todo, destaca Patricia Batlle, lo que necesitan los jueces es «que no se ponga en duda nuestra independencia», ya que el hecho de que otros poderes lo puedan hacer «es una irresponsabilidad y un serio ataque a la separación de poderes».

Un magistrado que estaba destinado en Cataluña desde 2010 y recientemente optó por otro destino, que prefiere permanecer en el anonimato, señala una fecha clave en todo este proceso: 2017. Fue el año en que la presión nacionalista llevó a que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocase la «consulta». A partir de entonces, «la situación política, esa presión, se acentúa sobre los miembros del Poder Judicial, «porque es el único que no controlan y todo ello lleva a una presión a los jueces que al final se acaba pagando y optando por salir». Este magistrado tiene claro que eso es, precisamente, lo que se busca con esa presión: «Los independentistas están encantados de que nos vayamos».