La reforma penal para Junqueras estará en verano y le permitirá ser candidato de ERC este año

La reforma del Código Penal «pro-Junqueras» puede estar aprobada antes del verano. El Gobierno tiene la capacidad de acelerar su tramitación con el poder que le otorga que la izquierda controle la mayoría en la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara y el que decide la agenda parlamentaria.

En círculos políticos empieza ya a darse por hecho que el líder de ERC, Oriol Junqueras, podrá estar haciendo política en plenas facultades para finales de año o principios de 2021, pese a haber sido condenado a 13 años de cárcel por el Tribunal Supremo por sedición y malversación.

El encaje perfecto de las piezas en la negociación oculta entre Gobierno y ERC pasa por lograr que pueda ser el candidato a las próximas elecciones de la Generalitat. Ahora bien, el tiempo aprieta, y, además, ni Moncloa ni ERC tienen el control del mismo ya que el plan «pro-Junqueras» puede estallar por los aires si así lo decide JxCat bajo las órdenes que les lleguen de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española.

Por mucho que el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, gane tiempo hasta que el Tribunal Supremo ejecute la pena de inhabilitación por estar condenado por un delito de desobediencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esta situación acabará condicionando la agenda de la política catalana. La pregunta es cuándo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo decidirá en principio hoy sobre las medidas cautelares solicitadas por la defensa de Torra para suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central que le retiraba su condición de diputado por haber sido condenado a un año y medio de inhabilitación, aunque la sentencia no sea firme y esté pendiente del recurso que tendrá que resolver la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La «pacificación» catalana que Sánchez necesita para garantizarse la estabilidad de su Legislatura, con el apoyo independentista y de los demás socios de investidura, sueña con Junqueras como presidente de la Generalitat, con el concurso del PSC y reedición del tripartito. Y así intercambiarse los apoyos necesarios entre Madrid y Barcelona. Pero esta hoja de ruta está llena de riesgos para el PSOE. Implica, por supuesto, renunciar a la promesa electoral de penalizar el referéndum ilegal porque ninguno de los socios nacionalistas y secesionistas de la investidura respaldará una modificación que incorpore este supuesto, ni siquiera a cambio de la rebaja de las penas por sedición. La renuncia socialista tiene que ser doble si quieren contar con los 176 escaños que exige cualquier ley orgánica para ser modificada.

Moncloa tiene que acabar de rematar flecos, pero el objetivo sí está claro, reformular el tipo de rebelión y disminuir, asimismo, las penas de sedición. Además de hacer cómplice al poder legislativo de lo que no deja de ser un indulto encubierto para los políticos independentistas condenados por liderar el «procés». Con el coste añadido de echar tierra sobre el ingente trabajo de Fuerzas de Seguridad, fiscales y jueces, entre otros servidores públicos, para poder probar los delitos por los que el Supremo terminó condenando a la cúpula secesionista.

La información que circula en el Congreso apunta a que en la agenda de Moncloa está rematar este periodo de sesiones, que termina en julio, con los Presupuestos y la reforma penal. El apoyo de ERC a las cuentas públicas de las que depende la supervivencia de Sánchez en Moncloa, porque es inviable estirar más los Presupuestos de Montoro, a cambio del proyecto legislativo que libere a Junqueras y a los reos independentistas, blanqueando a su vez las ilegalidades del «procés». El cambio de cromos está muy hablado, salvo que Puigdemont lo explosione desde Waterloo.

El Gobierno implica al poder legislativo en su pacto con ERC, quitándose presión de encima ya que la reforma del Código Penal exige mayoría absoluta en las dos Cámaras. A la vez que desarma a la oposición, sin margen real de frenar esta reforma por mucho ruido político y parlamentario que haga. Está en minoría en la Mesa y ni siquiera tiene fuerza para evitar que se blinde el periodo de enmiendas, y se vete su aplicación, para que no se condicione el calendario pactado con Junqueras.

El «dos» del PP, Teodoro Garcia Egea, denunció ayer que Sánchez impulsa la «reforma Junqueras» para «amnistiarle» y que empieza a conocerse el «pacto oculto» con los independentistas. Con dureza también se posicionaron en Ciudadanos. Pero de las palabras no pueden pasar, y en Moncloa se frotan las manos porque dicen que para cuando lleguen las elecciones, habrán apagado el ruido de las críticas de la oposición y el coste de las cesiones.