Malestar en el Poder Judicial por el veto en la reforma Junqueras

El malestar del Poder Judicial con el pulso que les está planteando el nuevo Gobierno por su negociación con ERC ha encontrado en la reforma del Código Penal, para desactivar el delito de sedición, otra vía de escape por la «trampa» que creen que los socialistas preparan en la tramitación parlamentaria. El pulso comenzó antes de que arrancara la investidura en lo gestual y ha ido consolidándose con las primeras decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Que se amparan en la literatura de que supuestamente preside un Gobierno que, en línea con el argumentario de Podemos, tiene en contra a los poderes del Estado español, que no quieren dejarles gobernar.

Y contra esto vale todo. La designación de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado; la asimilación del «relato» independentista sobre el «procés» y la voladura del trabajo conjunto del Estado español para desmontar el «procés» y depurar las responsabilidades políticas de aquel golpe a la legalidad constitucional; o, ahora, promover una reforma del Código Penal a la medida del líder de ERC, Oriol Junqueras, y utilizar la vía de atrás, plantearla como una proposición del Grupo Socialista en lugar de como un proyecto de ley del Gobierno, para saltarse los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal.

Sin enmiendas

De esta manera el Gobierno mataría dos pájaros de un tiro. Gana tiempo sin tener que esperar a estos informes preceptivos, y se ahorra nuevas enmiendas del Poder Judicial a la estrategia de desguace del trabajo de todos estos años para frenar el golpe secesionista y de blanquear las ilegalidades que en su día cometieron quienes están hoy cumpliendo las condenas por sedición y malversación impuestas por el Tribunal Supremo.

La dureza del discurso de la oposición va de carril. La excepcionalidad viene del choque entre Gobierno y Poder Judicial, al que en Moncloa, siguiendo también en esto el camino de Podemos y sus teorías de la gran conspiración, han empezado a incluir en una supuesta conjura de las derechas para tumbar a la coalición progresista. Es desde la instancia judicial desde donde advierten de que cada vez cuesta vez más diferenciar lo que dice el Gobierno de lo que dice Rufián, el portavoz parlamentario de ERC. Pasó con la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró el escaño a Quim Torra en aplicación de la condena de desobediencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha vuelto a suceder con la decisión del Tribunal Supremo de validar esta postura de la JEC, fuertemente cuestionada por el nuevo Gobierno.

Esta identificación de discursos viene trabajando desde que comenzó la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, sin que hasta el momento haya hecho ninguna merma en ella la acumulación de rectificaciones que impone en el mensaje y en la acción política del jefe del Ejecutivo.

La decisión de que la reforma del Código Penal que acelerará la rehabilitación política de Junqueras se tramite sin que pase por el Consejo de Ministros para silenciar a los principales órganos consultivos es considerada desde fuentes próximas al Consejo General del Poder Judicial como legal pero una «jugada tramposa» con la que se pretende «evitar un “disgusto” con un informe que podría ser más que crítico». En este punto, se incide en que esta modificación legal genera una especial alarma al parecer hecha a la medida de la necesidad del Gobierno de satisfacer la exigencia independentista de que se conceda la amnistía a los líderes del «procés».

Y es que, añaden esas fuentes, evitar el informe del CGPJ que afecta «claramente a la Justicia, con una reforma de calado» y a derechos fundamentales, es algo «que no es lógico, a no ser que se haga por otros intereses y habría que preguntar a quién beneficia todo esto».