Los socios de Sánchez le exigirán tumbar la prisión permanente revisable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió esta semana el melón de la reforma del Código Penal. Un camino que podría iniciarse en breve en el Congreso de los Diputados, pero cuyo alcance final es difícil de pronosticar. La voluntad de Moncloa –tal y como han reconocido públicamente el propio Sánchez y varios de sus ministros– es que el Código Penal resultante introduzca modificaciones sobre el consentimiento en los delitos sexuales, los ataques contra el medio ambiente y las penas que lleva aparejadas el delito de sedición. Esta última cuestión, la relativa a la sedición, podría terminar beneficiando a los líderes del «procés» actualmente en prisión, entre ellos Oriol Junqueras, presidente de ERC, partido que fue socio de investidura de Sánchez y cuyo concurso es necesario para que salga adelante la reforma del Código Penal.

El debate que se abrirá en el Congreso en las próximas semanas para comenzar a concretar esta reforma permitirá a todos los grupos llevar sus propias propuestas y enmiendas a la iniciativa que impulse o bien el Gobierno –si existe un acuerdo previo entre el PSOE y Unidas Podemos– o bien la bancada socialista en solitario. Algunos partidos minoritarios ya han comenzado ese trabajo previo para poder plantear sus condiciones llegado el momento.

Fuentes parlamentarias aseguran que los grupos independentistas y nacionalistas tratarán de aprovechar el contexto actual para introducir la discusión sobre la prisión permanente revisable y su posible derogación. Exigirán a Sánchez que tumbe esta pena como condición para obtener el «sí» a la reforma en su conjunto.

La exigencia de derogar la prisión permanente revisable concita el consenso de todos los grupos que son socios de Sánchez. Es, sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco el que con más insistencia ha trabajado en los últimos años para lograr este objetivo.

Los nacionalistas vascos llevaron esta propuesta al Congreso en las dos últimas legislaturas. El bloqueo político, primero, y las reticencias del equipo de Sánchez en torno a esta cuestión, más tarde, provocaron que la proposición de ley del PNV fuera guardada en un cajón. Ahora, tras las generales del 10-N, nada más abrirse el plazo en la Cámara Baja para presentar iniciativas parlamentarias, el grupo vasco ha vuelto a la carga. Los «jeltzales», con su portavoz, Aitor Esteban, al frente, han registrado la iniciativa para reformar el Código Penal y suprimir de su articulado la prisión permanente revisable.

En el seno del Gobierno no existe una posición consensuada sobre la prisión permanente, a pesar de que tanto el PSOE como Unidas Podemos se han manifestado en contra de esta pena y a favor de su derogación. Estas formaciones no abordaron este tema en el acuerdo programático firmado en noviembre por Sánchez y Pablo Iglesias para alumbrar la denominada «coalición progresista». Fuentes gubernamentales aclaran que la preferencia entre las filas socialistas pasa por esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad pendiente desde hace cuatro años y medio.

En julio de 2015, el PSOE –ya, por entonces, liderado por Sánchez– presentó ante el TC un recurso acompañado por la mayoría de los grupos de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Tras admitirlo a trámite, este tribunal aún no ha abordado el fondo de los argumentos planteados entonces por estos grupos. Ahora, sin embargo, la situación política ha cambiado y, más allá de cuál será la posición final que mantenga el PSOE sobre su derogación, la reforma del Código Penal impulsada por Sánchez abrirá la puerta a que se pueda debatir y votar la continuidad de la prisión permanente en nuestro ordenamiento jurídico.

Los argumentos del PNV

Desde el PNV aseguran que la prisión permanente «niega el sistema de derechos y valores de la Constitución y, específicamente, la orientación a la reeducación y reinserción social de las penas». Añaden que «siendo revisable», no existe ningún elemento en la redacción de esta pena que impida que «pueda erigirse en una privación de libertad perpetua». En la proposición de ley ya registrada en la Cámara Baja, los nacionalistas vascos aportan sus argumentos para tumbar esta figura penal: atenta contra la dignidad de los seres humanos (recogida en el artículo 10 de la Constitución Española); atenta contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (art. 15 CE); vulnera el mandato constitucional de que las penas estén orientadas a la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE); rompe peligrosamente con uno de los consensos constitucionales de 1978 de no establecer la cadena perpetua; vulnera el principio constitucional de legalidad (artículo 25.1 CE); y, finalmente, existen posibilidades de un error judicial que sería irreparable.

La reforma del Código Penal debe contar con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, esto es, con el respaldo de 176 diputados. A los apoyos de su investidura, Sánchez deberá sumar el «sí» de ERC. Y todos estos grupos son partidarios de derogar la prisión permanente.