Cristina Dexeus: “Existe la sospecha de que el Gobierno intenta controlar la Justicia desde abajo y desde la cúpula”

Cristina Dexeus repite mandato como presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), muy crítica con la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general y de todo lo que ello puede suponer para la Justicia.

–¿Cómo valora la AF esa propuesta de nombramiento?

–Compromete la imagen de independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal. Más allá de que proceda de la carrera fiscal, lo cierto es que viene del ámbito de la política, realizó campaña electoral con un partido (el PSOE) y ejerció como ministra de Justicia. Por tanto, esa imagen de imparcialidad que debe presidir a la institución es evidente que queda comprometida.

–¿Qué piensa que puede haber detrás?

–Si el presidente del Gobierno cuando era candidato decía o venía a decir que la Fiscalía dependía del Gobierno, si algún ministro (Alberto Garzón) ha lanzado la idea de que depende de Presidencia de Gobierno, pues entiendo que todo ello obedece a una estrategia de politización del Ministerio Fiscal y de la Fiscalía General, quizás en concordancia con la idea de «desjudicialización» de lo que algunos denominan «conflicto catalán». En todo caso, habrá que esperar su actuación para despejar esas sombras de dudas.

–¿Puede entonces este nombramiento estar relacionado con lo que podamos encontrarnos a partir de ahora en procedimientos como el «procés»?

–Podría ser, claro. Existe una sospecha sobre si se producirá o no esa afectación, pero eso depende también de las decisiones que adopte Dolores Delgado cuando llegue a la Fiscalía General.

–¿Se está a tiempo de evitar todas esas «sombras» de las que habla si existiese una rectificación por el Gobierno en ese nombramiento o si Dolores Delgado diese un paso atrás?

–Sí, desde luego que despejaría esas sombras, pero todo dependerá de Dolores Delgado y de la intencionalidad con la que venga.

–Tras las declaraciones de Pedro Sánchez, Iglesias y Garzón y la propuesta de nombramiento de Delgado, ¿la Justicia se va a convertir en una de las áreas que más va a intentar controlar el Gobierno?

–Si se intenta modificar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal es porque será para otros fines que no son realmente los que se dicen –igualdad de sexos y condición económica–. Por tanto, esconde otra finalidad, quizás la de intentar dominar las carreras judicial y fiscal desde abajo y luego intentarlo desde la cúpula e intentar controlar quien entra en esas carreras. Y si a todo ello se une lo del nombramiento de fiscal general...

–¿Hay riesgo entonces de que el Gobierno «esté» en la Fiscalía General, y que, por tanto, no se garantice la independencia de todos los fiscales?

–Este es el riesgo de las manifestaciones efectuadas por el presidente y algunos de sus ministros, que dan pie a sospechar. No se trata de un mero desliz la afirmación de que la Fiscalía depende del Gobierno y que el nombramiento de fiscal general recaiga en una persona que, más allá de su trayectoria profesional y como fiscal, ahora ha sido diputada por el partido político por el que hizo campaña y ha sido ministra de Justicia y, por tanto, en colaboración directa con el Gobierno de la nación. Este es el lastre.

–¿A qué conlleva todo ello?

–A la sospecha de que exista una voluntad de interferir en la actuación de la Fiscalía y de la sospecha de que el Gobierno intenta controlar a la Justicia desde abajo y desde la cúpula.

–¿Sería positivo cambiar el sistema de nombramiento de fiscal general del Estado?

–-Cualquier fórmula tendría que encajar en lo que dice la Constitución: nombramiento por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí creo más factible es la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno y que, junto a ello, desapareciese la causa de cese cuando lo haga el Ejecutivo. Esto sería también una declaración de principios a la ciudadanía de que no se quiere controlar a la carrera fiscal a través del fiscal general, sino todo lo contrario.

–En los últimos años se ha producido un «éxodo» de jueces de Cataluña. ¿También sucede entre los fiscales?

–Sí, la mayor parte de las vacantes están en Cataluña. En la última promoción, prácticamente todos vinieron a Cataluña «en destino forzoso», porque no había más plazas, y cuando hay posibilidades de marcharse, lo normal es que regresen a sus lugares de procedencia.

–Si en la consulta que se hará a los catalanes, tras los acuerdos a los que puedan llegar el Gobierno y ERC, se incluyese el «derecho a decidir»...

–El «derecho a decidir» no procede, no está reconocido en nuestra legislación ni en Europa.

–¿Que exigen los fiscales de los políticos y al Gobierno?

–La necesidad de mantener el respeto a las instituciones del Estado, especialmente al Poder Judicial y a la Fiscalía, por la relevancia que estas instituciones tienen para el Estado de Derecho.